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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) surgió del espurio acuerdo de paz del Gobierno Santos, como consecuencia del robo al plebiscito. Este basilisco tuvo su génesis en el Acto Legislativo 1 de 2016, mediante el cual, contra toda lógica constitucional, se creó un “fast track”: un mecanismo que redujo las garantías democráticas del trámite en el Congreso para facilitar la implementación del Acuerdo de Paz, de manera que los actos legislativos -reformas a la Constitución- no tuvieran ocho debates, sino cuatro, y las leyes no tuvieran cuatro debates, sino tres. El Gobierno Santos estaba tan confiado en el triunfo del plebiscito que incluso el propio acto legislativo estableció que regiría a partir de la refrendación popular del Acuerdo de Paz.
La cuestión jurídica es elemental. Si no había refrendación popular del Acuerdo de Paz en el plebiscito, no entraba en vigencia el acto legislativo y no podían tramitarse por ese mecanismo las demás reformas constitucionales y las leyes de implementación.
Así, el Gobierno Santos terminó enredado, mintió y le hizo conejo a la voluntad popular. La tesis que sacó del cubilete era que la refrendación popular incluía al Congreso. Tamaño engaño, cuando las intervenciones del Gobierno ante los legisladores, la exposición de motivos, las ponencias y los debates dejaban claro que la refrendación popular era directa, mediante un plebiscito, pues una y otra vez se afirmó que, si en las urnas los colombianos decían que no, no habría “fast track”.
Y, a pesar de ello, surgió a la vida jurídica la JEP, mediante el Acto Legislativo 1 de 2017. Un tribunal “mal parido”, cuyos jueces fueron escogidos por un comité afín a los victimarios, creado por un procedimiento especial que nunca fue aprobado por los ciudadanos y que no es más que un traje a la medida para garantizar su impunidad. Un sistema paralelo de justicia para exonerar a los victimarios y poner en la picota pública a las autoridades legítimas y a los civiles que, con tesón, aguantaron la arremetida del narcoterrorismo.
Una verdadera patraña fundada en la injusticia. De hecho, sus resultados frente a los máximos responsables son nimios y, peor aún, ha tenido un costo astronómico de aproximadamente $4 billones, al que se sumarían otros $5 billones hasta 2033. Bien hace el senador Enrique Gómez en promover un acto legislativo que acabe con este esperpento.
La discusión que seguirá, si el acto legislativo es aprobado, es si este sustituye la Constitución o implica un detrimento de las garantías y del derecho al juez natural de los guerrilleros que dejaron las armas. En el primer caso, la Constitución ya fue sustituida por los espurios actos legislativos de 2016 y 2017, que instituyeron una justicia transicional que no garantizó ni justicia ni verdad ni reparación ni no repetición, con cuatro debates y no ocho, como tendrá este acto legislativo. En el segundo caso, no existe un derecho adquirido de los desmovilizados a ser juzgados por la JEP; simplemente volverán a su juez natural, con plenas garantías constitucionales y legales.
Bienvenido sea el acto legislativo, que pondrá, en parte, las cosas en su sitio y nos ahorrará los costos que genera este incompetente y espurio tribunal.
En un Congreso decidido por márgenes estrechos, esa independencia puede resultar crucial. Y deja una lección que Washington olvida con demasiada frecuencia: la política se debate en la capital, pero sus consecuencias se sienten en el bolsillo de las familias
Las oportunidades más atractivas rara vez llegan acompañadas de garantías. Si todos pudieran reconocerlas con claridad, probablemente ya no ofrecerían una ventaja extraordinaria
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