El decretazo de la salud

El Gobierno se ha dedicado a destruir el sistema de salud. La evidencia es irrefutable, pues el servicio de salud se está deteriorando a velocidades alarmantes. La atención a los pacientes es cada vez más demorada y existen problemas de desabastecimiento de medicamentos, lo que ha significado menos servicios y un aumento en los gastos de bolsillo de los usuarios, a pesar de que el Gobierno controla más de 60% de las EPS.

La crisis actual nace por la ineptitud gerencial del Gobierno, y de sus interventores, así como por los problemas financieros, cosecha de su propio infundio, pues la Unidad de Pago por Capitación, UPC, es insuficiente para cubrir los costos de la demanda de los servicios.

Además, los giros que debe hacer el Gobierno a las EPS, para que estas realicen los pagos por los servicios a las IPS, no se han tramitado con la velocidad ni en la forma que exige el sistema, lo que ha generado problemas financieros y operativos en las IPS. No nos extrañemos del uso de procedimientos de reorganización empresarial ante las Cámaras de Comercio por parte de las IPS o incluso de quiebras. Una verdadera tragedia, donde los que sufrirán serán los usuarios.

Y a pesar de este evidente desastre, el Gobierno sigue ahondando los problemas y actuando de manera dictatorial y autárquica, de espaldas a las necesidades de los usuarios y a las propias capacidades del sistema. Así, en el ocaso de su periodo presidencial, y con poco que mostrar, el Presidente quiere implementar, mediante un ilegal decretazo, una reforma a la salud saltándose al Congreso.

La reforma que pretende imponer por la puerta de atrás, la llama y vende, de manera maquiavélica y rimbombante, como un “Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo”. Nos recuerda a la Fuerza Aérea, que ahora se llama “Fuerza Aeroespacial”, sin mejoras en las capacidades que sustenten el cambio de nombre. Se pretende el desmonte del aseguramiento en salud -el avance social más grande en Colombia- por un modelo territorial articulado por gobernadores y alcaldes. Un modelo totalmente politizado, donde no se establecen claramente los roles de los actores, no está pensado en los usuarios y llevará a mayores problemas de gasto y corrupción.

El usuario ingresará por el acceso primario al sistema (los Caps) y, de ahí en adelante, sin que sea claro cómo, navegará en el sistema buscando atención. Será el Seguro Social 2.0 y con los mismos recursos que ahora se invertirán en crear esa red de atención territorial. Los pacientes quedarán a la deriva, pues las EPS tendrán funciones limitadas y no habrá una verdadera labor de agenciamiento para que los pacientes naveguen el sistema y obtengan, sin contratiempos, los tratamientos conforme a sus necesidades.

Todo este maremágnum sin sentido tiene una base ideológica: estatalizarlo todo. También, un componente político: contar con recursos para la politiquería. Este modelo, que no tiene norte ni control del gasto, que no será ni preventivo ni correctivo, que no toma en cuenta las necesidades de los pacientes y que carece de recursos adicionales, será un coto de caza para la corrupción y la politiquería y terminará menoscabando el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.