El país que perdió la paciencia

Colombia parece haberse convertido en un país que perdió la paciencia. La intolerancia ya no es un episodio aislado ni un fenómeno excepcional: se vive en el día a día, en las filas interminables de las entidades públicas, en los trámites burocráticos que parecían superados, en las discusiones de tránsito y en la creciente violencia cotidiana entre ciudadanos. Algo se rompió en la convivencia social y el resultado es una sociedad más irritable, más frustrada y violenta.

Durante años se habló con optimismo de la ley antitrámites, una política pública pensada para simplificar la relación entre los ciudadanos y el Estado. La idea era reducir papeleo innecesario, eliminar duplicidades y evitar que la burocracia se convirtiera en un obstáculo para la vida cotidiana y la actividad económica. Sin embargo, en la práctica, muchos ciudadanos sienten que el país retrocedió: documentos que antes podían presentarse digitalmente ahora vuelven a exigir autenticaciones notariales, certificaciones innecesarias y procesos presenciales que consumen tiempo y paciencia. Muchos absurdos, como el RUT actualizado o certificados de cámara de comercio que deberían ser gratuitos, convierten cada trámite en una pequeña batalla.

Esa acumulación de frustraciones cotidianas termina teniendo consecuencias sociales. El ciudadano que pierde horas intentando resolver un trámite que debería ser sencillo sale con un nivel de irritación que no desaparece al cruzar la puerta de la oficina. Se traslada al tráfico, al trabajo, a la casa; la intolerancia se contagia.

Según datos de la Policía Nacional, en Colombia se registraron en el último año más de 300.000 riñas entre ciudadanos. Muchas de ellas comenzaron por discusiones aparentemente menores: un choque de tránsito, una mirada mal interpretada, una discusión en un bar o en un barrio, y varias de estas riñas terminaron siendo parte de los 13.000 homicidios cometidos en el país.

Manejar en las principales ciudades del país se ha convertido en una experiencia que revela el deterioro de la convivencia. Insultos, persecuciones, bloqueos y agresiones físicas entre conductores se han vuelto escenas comunes que incluso circulan por internet. Lo que debería ser una interacción cotidiana se transforma en una disputa por quién pasa primero.

La intolerancia es el resultado de una mezcla peligrosa: frustración económica, sensación de inseguridad, burocracia asfixiante y una cultura donde cada vez hay menos espacios para procesar emocionalmente los conflictos. Colombia está acumulando tensión social sin canales adecuados para liberarla. La ansiedad, el estrés, la depresión y el agotamiento emocional afectan a millones de colombianos. Cuando una sociedad vive bajo presión constante -económica, social o institucional- esa presión termina expresándose en forma de agresividad.

Hablar con alguien, buscar apoyo psicológico o simplemente tener espacios de esparcimiento debería ser parte de una política pública de bienestar. El deporte, la recreación y la construcción de comunidad son herramientas poderosas para reducir tensiones sociales. Sin embargo, en un país donde la supervivencia económica domina las preocupaciones cotidianas, estos espacios se vuelven escasos.

Colombia necesita recuperar la calma colectiva. La violencia no puede seguir siendo parte del ADN colombiano. Durante décadas se ha explicado la agresividad social como una herencia del conflicto armado, de la desigualdad o de la cultura del narcotráfico.

Tal vez el primer paso sea reconocer el problema: Colombia necesita aprender nuevamente a respirar, a dialogar y a resolver conflictos sin recurrir a la violencia. La intolerancia cotidiana, esa que empieza con un trámite y termina en una pelea, es la antesala de una sociedad que se acostumbra demasiado al conflicto. Y eso, en un país como el nuestro, es un lujo que ya no podemos permitirnos.