Con tristeza y mucha rabia, la familia Gómez observaba estas semanas cómo el crimen aún impune de Álvaro Gómez, se lo adjudicaban los terroristas de las Farc, a la espera de ser absueltos por la JEP, tribunal que no ha logrado generar confianza ni justicia, ante los grandes compromisos que reclama el país.

Con desconsuelo, día a día se han ido confirmando los miedos de los opositores al proceso de “paz”; las Farc, no contentas con seguir delinquiendo y obtener representación política, ahora deciden adjudicarse crímenes de dudosa autoría. En la torpedeada investigación, son varias las falsas pistas, la lentitud de la investigación y en ser declarado crimen de lesa humanidad.

El país lleva invertidos en el proceso de paz más de $150.000 millones, sin contar curules ni la JEP; este costo no se ha visto reflejado en el arrepentimiento y mucho menos en la reparación de las víctimas; la impunidad ha llevado a que victimarios jueguen con su papel y se burlen en la cara de la justicia; casos como el de las Farc negando reclutamiento de menores o diciendo que no tienen dinero para la reparación, dicen mucho del poco valor que le dan a la verdad y sobre todo a la justicia.

Lo grave es que, ante la ausencia de ellas, las conductas se imitan; basta ver a Ernesto Samper diciendo que ha sido víctima de atropellos por parte de la familia Gómez y que seguramente ellos quieren es dinero.

Quienes conocemos a algún miembro de la familia Gómez podemos dar fe de la gallardía que tienen frente a los asuntos públicos, coherencia que llevó a Miguel Gómez a retirarse del partido de gobierno y quedar en una encrucijada política, a vivir con su familia varios meses fuera del país por reclamar justicia ante el crimen de su tío y a toda la familia que, antes de reparación, quieren simplemente la verdad.

Colombia carga una deuda con las víctimas, sobre todo en materia de verdad; los televidentes a diario observan a sus victimarios “legislando” a favor de las supuestas curules para las víctimas; vivimos en un Estado de Derecho y todavía hay esperanzas; por ello es posible que esta jugada pro impunidad no salga como los criminales quieren.

Un crimen de lesa humanidad es imprescriptible, no pertenece a la JEP y debería ser juzgado por la justicia ordinaria. Los supuestos perpetradores podrían perder sus privilegios y en vez de lavar sus culpas en dicho tribunal podrían pasar a responder por sus crímenes.

El proceso apenas va a comenzar, por las víctimas, por la historia del país y sobre todo por el ejemplo a las generaciones venideras, esperamos se conozcan los verdaderos autores, materiales e intelectuales y que, sin importar el rango, aquellos paguen por un magnicidio que privó al país de un gran pensador; aquí más que nunca se acuña el escolio de Nicolás Gómez Dávila: la verdad es el resplandor de la necesidad.