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“Minería, locomotora que nunca arrancó”

El doctor Vladimir Gil, en su libro: “Aterrizaje Minero”, sostiene que: “la ausencia de adecuadas instituciones y políticas gubernamentales sería responsable de un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de las economías abundantes en riquezas naturales… además de ser proclive a degradación ambiental y a los conflictos”. Dicha tesis a primera vista evidente, es un grave problema hoy en Colombia.

Nuestro país ha sido un país minero desde que se descubrió; fue famoso en la época colonial por sus reservas de sal y oro incluso ahora en buena medida por la dependencia del petróleo. Sin embargo los problemas que tiene ahorita el sector son innumerables. En primer lugar, pareciera no haber coordinación entre las políticas mineras y las ambientales, concesiones adjudicadas son detenidas por licencias ambientales, títulos legalmente otorgados son después paralizados  por consultas o protestas sociales. La comunidad y el Estado parecieran no caer en cuenta que un metal valioso será explotado legal o ilegalmente.

Un informe reciente de la Procuraduría General de la Nación señala que cerca de 60% de la explotación minera de oro es ilegal. El problema permea las administraciones locales que reciben dinero de esta producción, comunidades enteras que se ganan su diario sustento sacando el metal precioso y finalmente grupos al margen de la ley que terminan controlando el negocio entero. Adicional a ello las instituciones mineras suelen ser  estrictas, pero con las empresas legales.  Por lo cual “conquistas” ambientales como las que se dieron hace poco al paralizar proyectos mineros, a futuro probablemente solo traigan mayor contaminación y la proliferación de grupos armados alrededor.

Por lo anterior no es una exageración decir que la locomotora minera, promesa olvidada de campaña, nunca arrancó. Es tal el descuido en la materia, que adicional a los problemas mencionados, nunca se sacó adelante el Código de Minas, después de que el nuevo fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional en 2011. Por lo cual se sigue estando bajo el amparo de la vieja legislación, en la cual autoridades ambientales piden urgentes cambios.

Entonces, ¿por qué nunca arrancó la locomotora minera? Las razones pueden ser políticas, o de agenda, solo el gobierno lo sabe; lo cierto es que estudios empíricos citados por el autor arriba mencionado, demuestran que grandes empresas extractivas en países con instituciones débiles conducen a graves problemas ambientales y lo más grave, en gobiernos poco transparentes tiene una alta propensión a la violencia. Por lo tanto es hora de prender la locomotora minera; otros países empezaron; seguir estancados y negar cualquier licencia de explotación no es el camino. Pero, parece, hacerle frente al reto será cosa de otro gobierno.