Analistas

El hueco fiscal de las demandas

Luis Guillermo Vélez director de la Agencia Jurídica de la Nación salió criticando las demandas contra el Estado, diciendo incluso que “la industria del litigio debe ser acotada” porque la normatividad “está cargada contra los intereses del Estado”.

La alarma es cierta: en palabras de su director, el Estado le adeuda a sus ciudadanos más de $300 billones, es decir, un poco más de la mitad del PIB de 2016. De seguir esta tendencia en un mediano plazo y ante una economía estancada, el sistema puede colapsar. 

La dicotomía entre la economía y el derecho ha sido constante, no pocos economistas critican a las Altas Cortes porque sus fallos en poco o nada tienen en cuenta la situación financiera del país, ponen plazos irrisorios para solucionar problemas que valen miles de millones, como el de las cárceles, en donde la Corte Constitucional dio plazo de máximo tres años para solucionar el problema del hacinamiento, teniendo como consecuencia su imposible cumplimiento.  

Sin embargo, ¿Es culpa de las Cortes no contemplar las variables económicas?, la respuesta es no. La culpa no la tienen los magistrados por aplicar la ley, la tienen los constituyentes que crearon una gran cantidad de derechos cual Estado europeo y son ellos mismos los que facultaron a la Corte para tener este tipo de poderes; fueron ellos mismos los que abrieron las puertas para que el Estado respondiera patrimonialmente frente a sus actuaciones; por tanto, los culpables no pueden ser los Magistrados, jueces y menos los abogados que reclaman la mayoría de veces justamente el cumplimiento de la ley.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación se crea bajo esta presidencia con la intención de defender mejor los intereses del país, su creación cuenta con un presupuesto de más de $40.000 millones anuales, y los resultados no son los deseables: menos de 7% de los procesos se concilian en la fase prejudicial y la mayoría termina en cuantiosas condenas.

Otra crítica recurrente es que el Estado debe pagar intereses de mora. Pocos saben que fue la misma Corte la que conminó a pagar dichos intereses por el principio de igualdad pues si el Estado “cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, las obligaciones en mora a cargo del Estado deben forzosamente tener el mismo tratamiento”. 

Por lo tanto, ha sido el propio Estado el que ha permitido este desangre; la solución no es crear agencias, es lo contrario, dejar de crecer y volverse austero, pues mientras más grande el Estado, mayor posibilidad de cometer errores; además se debe conciliar casos en los que la jurisprudencia y la lógica lo consideren prudentes; también, en caso de condena, se puede empezar a pagar intereses de mora 6 meses después del fallo en firme. 

Medidas hay, lo que no se puede es privar a los ciudadanos del acceso a la justicia.