Héroes anónimos

El llamado que la administración pública no debe ignorar.

En los últimos días me reencontré con una serie de 2011, Person of Interest (Vigilados), cuyo argumento central es el de una máquina que predice amenazas, pero no puede atender a todos los llamados de peligro. Quienes, con una mezcla de heroísmo y habilidad, intentan hacerlo deben enfrentarse a información incompleta, riesgos constantes y la zozobra de ser juzgados por aquello que no pudieron evitar o que habrían podido atajar de otra forma.

Esta pausa activa audiovisual trajo a mi mente, una vez más, la paradoja que encarna la figura del gerente público en Colombia. Este servidor, que ha sido tantas veces satanizado por su quehacer en el marco de la burocracia estatal, tiene una labor que va mucho más allá de un conocimiento técnico y requiere altas dosis de valentía y asertividad. El haber transitado el ámbito de ordenador del gasto y la asesoría jurídica permite entender que la toma de decisiones deja de ser un ejercicio exclusivo de aplicación normativa a rajatabla y se convierte, ineludiblemente, en una dinámica de construcción de decisiones viables y plausibles.

La contratación: ¿herramienta o castigo? Al igual que los protagonistas de la serie, que reciben un dato fragmentado y deben armar el rompecabezas, el gerente público en Colombia no solo debe ser un gran administrador, sino que, las más de las veces, debe ser un experto apagando incendios. En la etapa precontractual, el equipo estructurador se enfrenta a la elaboración de estudios y documentos previos y a un análisis del sector que muchas veces arroja realidades de mercado inciertas.

El ordenador del gasto debe equilibrar la exigencia de los requisitos habilitantes, calcular meticulosamente la capacidad residual en contratos de obra y establecer factores de desempate justos frente a cualquier oferta económica. Todo esto hoy estandarizado bajo el mandato de los pliegos tipo (Ley 1882 de 2018), una herramienta invaluable que, aunque limita la discrecionalidad, no elimina la complejidad de estructurar un proceso impecable.

Nuestro gerente debe sobrevivir en un entorno hostil en el que parece presumirse su mala fe. Distribuye su tiempo entre llevar a buen puerto los planes de la entidad y el desgaste permanente que supone su defensa ante una estructura institucional o corporativa deficiente. En este escenario aparecen múltiples vigilantes: el ciudadano preocupado, pero anónimo; la veeduría organizada y, a veces, sesgada; la Procuraduría, que es juez de su conducta; la Contraloría, llamada a proteger el patrimonio público, e incluso la Fiscalía, ante eventuales reproches de carácter penal.

Este riesgo jurídico es innegable. A partir de la Constitución Política de 1991, el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993) y el régimen de responsabilidad patrimonial (Ley 678 de 2001), se ha consolidado como buena práctica incluir el amparo para administradores (D&O) en los programas de seguros.

Adicionalmente, cuando el contrato está en ejecución y el contratista falla, el gerente público debe revestirse de autoridad para aplicar el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Garantizar el debido proceso al imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria o declarar el incumplimiento exige un rigor técnico absoluto para no viciar de nulidad el acto administrativo.

Las verdaderas “armas” del gerente público, similares a las tácticas extremas de los héroes televisivos, son las potestades excepcionales. La interpretación, la modificación y la terminación unilateral, así como la temida declaratoria de caducidad, son decisiones límite. Tomar estas determinaciones genera un escrutinio permanente de la ciudadanía y de los grupos de interés.

¿Parálisis o acción?

Propender por el bienestar general supone niveles de impacto que desencadenan tensiones entre diferentes actores y grupos de interés, particularmente poderosos. Esto puede propiciar prácticas intimidatorias y presiones indebidas, cuyo efecto es llevar al funcionario a proteger su vida y la integridad de su grupo familiar.

Debido a esta presión y a la publicidad en tiempo real de plataformas como el Secop II (Decreto 1082 de 2015), los gerentes han entrado en el juego estancado y paralizante de favorecer decisiones lentas o excesivamente burocráticas. Viven en una vorágine de desconfianza, desmotivación y desgaste profesional, enfrentando dilemas entre el cumplimiento del deber y la protección de su integridad. Una gerencia pública ejemplar resulta imperceptible porque “así debe ser”, abriendo enormes espacios a la mediocridad, a la parálisis institucional y a la corrupción.

Es así como, en época de empalme, se impone recordar a todos la importancia de una nueva visión de lo público, que requiere profesionales íntegros, con sólida formación para navegar la complejidad normativa, inteligencia emocional, resiliencia y altas dosis de valentía para tomar decisiones correctas, aunque sean impopulares. Aun con esta radiografía, hemos sido muchos los que le hemos apostado a este riesgo, movidos por el inmenso deseo de un futuro mejor para todos. Invito a quienes asuman estas dignidades a que, al igual que los protagonistas de Person of Interest, frente a escenarios críticos e información imperfecta, se atrevan a “hacer que las cosas pasen y que pasen bien”.