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Colombia es un país sobrediagnosticado, con estudios desde todos los sectores para cada uno de los distintos fenómenos, los problemas que aquejan a nuestra sociedad están identificados y las normas, políticas públicas y medidas para superarlos se han proferido y formulado. Como consecuencia de ser un país santanderista, ya existe la normatividad requerida para adoptar los cambios que reclama la población. Es cuestión de voluntad hacerlos efectivos, se trata de ejercer capacidad gerencial para ejecutarlos y de generar consensos para que la sociedad los reconozca como propios, es comunicarlos de forma asertiva para que se puedan reconocer.
Pretender inventarse la rueda es sinónimo de mesianismo, querer llegar y patear el tablero como nos lo quieren plantear, es destruir los logros sociales que la sociedad ha alcanzado, desconocer que se ha logrado mejores condiciones para los habitantes y que se han venido consolidando los derechos individuales, políticos y sociales.
Los programas sociales para atender a la población vulnerable están creados y se han formulado en distintos gobiernos. Hoy el país cuenta con políticas públicas para otorgar transferencias condicionadas como familias y jóvenes en acción, implementó programas exitosos para atender a los más afectados por la pandemia como el ingreso solidario, se ha permitido el acceso a la educación superior de los estudiantes de menores recursos en las instituciones públicas y se ha premiado la excelencia con el acceso a cualquier tipo de institución, así mismo, el sistema de aseguramiento en salud es un logro digno de emular, el cual garantizó la atención de la pandemia a toda nuestra población.
Los mecanismos de participación ciudadana y protección de las minorías son sólidos y suficientes, su participación en la vida pública ha crecido considerablemente y hoy es motivo de admiración, basta con ver la nueva conformación del congreso y las fórmulas a la vicepresidencia de algunas de las campañas presidenciales. Las instituciones ya generaron un marco normativo sólido para garantizar el ejercicio de los derechos y la disminución de las inequidades.
El marco normativo para permitir el desarrollo de la infraestructura que el país necesita existe y se ha implementado con éxito, los mecanismos financieros funcionan, las iniciativas públicas y privadas se pueden desarrollar, las herramientas para desarrollar el campo, fortalecerlo, potencializarlo y beneficiar a nuestros productores, están consagradas, las reglas para ejercer la libre iniciativa privada y proteger sus inversiones es sólida, así como también, se ha hecho un gran esfuerzo para implementar la transición energética.
Sin embargo, resulta inaceptable que fuerzas políticas pretendan desconocer todos estos logros y hayan decidido que la política no se hace en las instancias democráticas y pretendan imponer su voluntad a través de las redes sociales y mediante las vías de hecho. Así lo anunciaron hace cuatro años, cuando manifestaron que no iban a permitir gobernar y que mantendrían a la población en las calles. No fueron capaces de crear espacios de diálogo o de aceptar el esfuerzo y valor que implicó la implementación de las medidas que se tomaron para atender la pandemia. Se opusieron a todo, incluso atentando contra la sociedad. Votaron en contra de la aprobación del subsidio a la nómina.
En esta contienda electoral, como colombianos no podemos dejarnos engañar con discursos de odio, de ruptura institucional y de propuestas demagógicas que nos llevarían a la quiebra. Llegar a reformar lo que está funcionando es una mala costumbre que debemos superar. Más que grandes estadistas y reformistas, el país necesita grandes ejecutores, conciliadores y comunicadores que construyan sobre las bases que ya tenemos, que sepan comunicar a la sociedad los logros que hemos alcanzado, que tengan la capacidad de oír las diferencias y de generar consensos, pero sobre todo con el liderazgo e idoneidad para ejecutar.
