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Desde que se promulgó la Constitución de 1991 el país ha venido en una senda de consolidación en la prestación de los servicios y bienes públicos, así como en el desarrollo de programas con el fin de hacer efectiva la garantía de los derechos, bajo la premisa de la libre competencia y la participación del sector privado en estas actividades, la inversión llegó. Todos y cada uno de los Gobiernos han venido creando mecanismos y dando continuidad a las experiencias exitosas del pasado, con el propósito de atender las deficiencias en algún aspecto estructural de nuestro sistema estatal. Esto ha permitido que la calidad de vida haya mejorado considerablemente y que Colombia hoy sea un mejor país.
En efecto, si se analizan diversos sectores se puede observar, por ejemplo, que en materia de salud mediante la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó al actual sistema de salud, el cual ha logrado pasar de una cobertura inferior a 30% de la población a garantizar acceso universal, es decir la afiliación al sistema es de más de 99%, con una mejora ostensible en la calidad del servicio que no se puede desconocer. Igualmente, desde 1994 las leyes de servicios públicos dieron origen al sistema de prestación actual, el cual ha permitido la ampliación de la cobertura en energía eléctrica a niveles superiores al 97% de los hogares, la confiabilidad del sistema con reglas de juego claras y una estabilidad regulatoria que garantizó que las inversiones requeridas se efectuaran. La misma evolución se observa en gas domiciliario en el que se ha logrado llegar a más de 80% de los hogares cuando en 1995 era inferior a 15%, este es un gran logro gracias a la estabilidad y continuidad en las políticas públicas debemos defender.
Frente a la atención de la población con mayor vulnerabilidad en 1995 se creó el Sisben que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos y que sirve como herramienta para focalizar la inversión social en quienes más lo necesitan. Con base en este programa y su evolución, se ha logrado llegar a atender a millones de hogares con transferencias monetarias, bien sea condicionadas o no y se garantizó su acceso a la salud y educación llegando a cobertura universal en básica, mejorando sus condiciones de vida. Así, por ejemplo, se dio origen a programas como familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor y, a raíz de la pandemia, ingreso solidario; todos estos con una evolución en materia de servicios y tecnología que permitían a los beneficiarios acceder a los recursos de manera sencilla, sin colas, traumatismos ni retrasos.
La continuidad y consolidación de los logros sociales, es tangible, es real. Si se observa desde que se implementó la metodología del Índice de Pobreza Multidimensional, desde 2010 este indicador paso de cerca de 30% a terminar el año pasado por debajo de 13%, y aplicando la misma metodología si estos datos se llevaran a 1997 esta habría alcanzado un nivel de 60%. De igual manera al compararnos con América Latina, nuestro crecimiento ha sido de los más destacados en este periodo.
Sin embargo, a pesar de la evidencia y sin desconocer que debemos seguir profundizando en cada uno de estos aspectos para consolidar nuestro desarrollo y mejorar en la calidad de vida en especial en zonas dispersas, decidimos dar un salto al vacío y bajo el canto de sirenas y propuestas populistas de cambio, pusimos en riesgo todos estos avances. En efecto, hoy nuestro sistema de salud está en riesgo, se pretende volver al esquema del Seguro Social y se quiere estatizar la prestación servicios públicos; la regulación es incierta y se pone en riesgo la inversión necesaria para garantizar la efectividad en el sistema, así como también, se evidencian las filas en el banco público para el pago de los subsidios. En fin, el cambio es retroceder 30 años en nuestros logros y avances. Éramos felices y no lo sabíamos.