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El problema fiscal es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Las cuentas no cuadran y el país está al borde de una crisis no antes vista, los mercados lo saben, las calificadoras lo han dicho; la credibilidad en el país se acabó, no tenemos margen de maniobra y no podemos improvisar.
El desajuste fiscal es enorme.
Para iniciar miremos el recaudo tributario. En 2024 este ascendió a $267 billones, para este año, sin justificación alguna, el Gobierno, según el Presupuesto General de la Nación, pretende que el mismo crezca más de 18% y alcance $316,5 billones; son $50 billones más que, con una inflación cercana a 4% y un crecimiento el año pasado de 1,7%, muestra que la sobreestimación del Gobierno es de cerca de $28 billones.
De otra parte, el rezago presupuestal de 2024, es decir, las obligaciones adquiridas en ese año que se trasladaron para ser pagadas en esta vigencia, ascendió a cerca de $61 billones, muy por encima del promedio de los últimos años de alrededor de los $25 billones, un incremento en más de 240%, dejando un hueco adicional cercano a los $36 billones.
Por si esto fuera poco, la Corte Constitucional, actuando de manera responsable, determinó que el aumento de la Unidad de Pago por Capitación-UPC de 5,36% que determinó el Gobierno, estaba mal calculada y ordenó su reajuste para 2024 y 2025. De efectuarse este ajuste en el presente año, su costo se estima entre los $10 billones y $20 billones si se incluye toda la deuda, los cuales no se encuentran presupuestados. Adicionalmente, nos encontramos con la deuda que el Gobierno tiene con el sector eléctrico que, según el mismo, sumados los subsidios y la opción tarifaria puede estar cercana a los $10 billones que tampoco están en las cuentas iniciales.
Todos y cada uno de los analistas, tanto nacionales como internacionales han venido alertando sobre el manejo fiscal del país. Goldman Sachs por ejemplo, acaba de manifestar que ve riesgo de que el déficit fiscal para este año esté cercano a 6,8% muy distante del planteado por el Ministerio de Hacienda, que proyecta que se sitúe en 5,1%, esto es una diferencia de $85 billones. Por su parte, el FMI también expresó sus profundas dudas con el manejo de las finanzas públicas y como medida preventiva suspendió la línea de crédito flexible para riesgos excepcionales. Recalcó que espera que en el Marco Fiscal que se presente en junio, el Gobierno debe sincerar la situación fiscal y mostrar realmente disciplina y ajuste en el gasto, de lo contrario, se perderá este instrumento de manera definitiva. A esto se suma la baja en la perspectiva en todas las calificadoras y el altísimo interés al que se está teniendo que endeudar el país.
Para terminar de agravar el problema, el Ministerio de Hacienda anunció que aumentará las retenciones en materia de renta con lo cual estará gastando los recursos del próximo año al pedirlos por adelantado, se calcula que serán cerca de $13 billones, una reforma tributaria.
Así las cosas, sí sumamos los $28 billones de menor recaudo con los $36 billones de mayor rezago, le añadimos $10 billones de la UPC, e incluimos la deuda del sector eléctrico por otros $10 billones, nos encontramos con que el país tendrá un problema cercano a los $84 billones, esto, sin contar el mayor costo a pagar por la deuda, los menores ingresos por Ecopetrol, el precio del petróleo y la menor inversión por la falta de caja de las empresas por pagar por adelantado los impuestos.
¿Así o más claro? El país nuevamente incumplirá la Regla Fiscal, está en riesgo de no poder pagar sus obligaciones, de llegar al mayor nivel histórico de deuda, de perder acceso a los mercados financieros y de perder los logros sociales alcanzados al caer en una crisis fiscal que acabe con la inversión. Es urgente sincerar las finanzas públicas y efectuar un severo recorte en el gasto o nos quebraremos todos.