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Colombia se enfrenta a una de las peores crisis de su historia. Ya lo reconoció el FMI: la situación de las finanzas públicas es insostenible; si no se toman medidas drásticas de ajuste, el país está al borde del colapso fiscal. El fantasma de un apagón, producto de la pérdida de la autosuficiencia energética, de la escasez de oferta y del aumento de la demanda exacerbada por el fenómeno de El Niño, tiene en riesgo el crecimiento de la economía y el bolsillo de todos, por el inevitable incremento de las tarifas. Por otro lado, el sistema de salud se hace agua y, sin duda, implicará el recorte del plan de beneficios o el aumento en la cotización al sistema.
Seamos absolutamente claros: ninguno de esos tres problemas, ni muchos otros, ha sido causado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, pero es su responsabilidad atenderlos y solucionarlos. Su atención será dolorosa e implicará gastarse todo su capital político y tomar medidas impopulares pero necesarias que, temporalmente, mostrarán un deterioro en los indicadores sociales y económicos.
Ajustar las finanzas supondrá el aumento del desempleo por reducir el tamaño del Estado y terminar una cantidad de contratos de prestación de servicios que se firmaron sin sustento técnico ni económico. Como ya se ha indicado, el crecimiento de la economía se resentirá por dos factores: el gasto público, que sin duda tendrá que reducirse, y el consumo de los hogares, que se verá afectado por ese mayor desempleo y la reducción de subsidios. Adicionalmente, será inevitable que exista una mayor carga tributaria para las personas.
Afrontar un apagón, con la consecuente pérdida en calidad de vida, la disminución de la actividad económica y el aumento de las tarifas de energía, se constituirá en otro elemento de estancamiento de la economía y en un golpe anímico muy fuerte para la población. La desmejora de la atención en salud, como consecuencia de la crisis en que el anterior gobierno dejó sumido el sistema, mostrará sus efectos en el corto plazo y conllevará la disminución de los servicios y beneficios, así como un mayor gasto de los hogares en tratamientos y medicinas.
Resulta imperativo manifestar que el progresismo y Petro sabían que esto iba a ocurrir, que lo esperan con ansias y que ya anunciaron, de la manera más cínica, un nuevo mal llamado estallido social. Lo que no nos dijeron es que la crisis fue provocada por ellos y que la utilizarán para atacar al nuevo gobierno, acusándolo de todos los males que ellos engendraron. Saldrán a alegar que los ciudadanos pierden los logros alcanzados y que el país se sume en una crisis. Agitarán a las masas, provocarán protestas y disturbios que contribuirán a polarizar el país y a generar un ambiente de tensión contra el gobierno. Acá entra en escena lo ocurrido el pasado fin de semana en Francia: protestas violentas, caos y destrucción. Ese es el libreto que ya conocen y que van a interpretar como en 2021, cuando lo copiaron de Chile: todo estaba completamente orquestado y se excusaron en la reforma tributaria para incendiar el país.
Ahora será igual. Por esto, es momento de defender las instituciones y el futuro del país de la amenaza progresista. Todos los que defendemos un modelo económico de libertades y de orden tenemos que estar unidos en la protección de nuestra sociedad. Es momento de dejar las diferencias a un lado y de entender que entre uribismo y abelardismo no hay contradicciones estructurales: defienden los mismos principios. Es hora de entender que el sector productivo y el gobierno persiguen un mismo fin: crecimiento y prosperidad. Es momento de trabajar con las instituciones, Congreso y jueces; de proteger el mensaje; de mostrar que el caos no nos conviene y que las medidas que hay que tomar son necesarias; de contar con los medios de comunicación para exponer la realidad; de no perder la narrativa y, sobre todo, de no caer en el engaño.
Presidente: le tocó lidiar con la más fea y para eso necesita todos los aliados posibles. No caiga en el juego de la oposición, no se deje acorralar. Solo unidos los podemos enfrentar.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría son enormes instituciones burocráticas que tienen funciones muy importantes en la estructura del Estado que creó la Constitución de 1991
Por el momento, los frentes con mayores expectativas han tenido que ver, primero, con el alza en las tasas de los Tesoros de largo plazo (las más elevadas en dos décadas) y, segundo, con la medición de la inflación
Responderlas obliga a elegir, y apostar también es renunciar. Priorizar exige decir abiertamente qué dejaremos de hacer o qué aplazaremos