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Analistas 03/02/2023

Infraestructura y seguridad nacional

José Joaquín Ortiz García
Presidente de Joyco

Estamos a pocos días de que se radique el documento final del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, ‘Colombia potencia mundial de la vida’, cuyas bases fueron socializadas desde el 15 de noviembre de 2022. Básicamente, lo que quede en el plan, tendrá respaldo en el presupuesto de la nación para su ejecución.

Este plan es un inicio para lograr la “paz total”, que, en mi opinión es equivalente a seguridad nacional, y esta está ligada necesariamente a infraestructura, como explico abajo.

Mucho se habla sobre la percepción de inseguridad que se vive en el territorio colombiano. Al pensar en lo opuesto, en seguridad nacional, me gusta mucho la definición de Manuel José Santos Pico, en su libro ‘Apuntes de estrategia sobre seguridad y defensa nacional’, donde se entiende la seguridad nacional como una situación en la cual los ciudadanos pueden desarrollar sus condiciones socioeconómicas y políticas sin riesgos o amenazas a sus actividades normales.

Claramente, se espera que el gobierno propicie esta situación, y no lo opuesto.

Así las cosas, una estrategia de seguridad nacional para Colombia debe poder identificar específicamente sus amenazas y definir unos objetivos y métricas para su monitoreo y control.

Actualmente, las amenazas incluyen, entre otras: la producción, tráfico y comercialización de la cocaína, la minería ilegal, así como la situación de inseguridad que se vive en el Catatumbo y el Andén Pacífico, desde Nariño hasta el Chocó. Todas, actividades, en zonas alejadas y no conectadas.

Común denominador: no hay presencia del Estado. Ocasionalmente, llegan nuestros soldados del Ejército Nacional y se encuentran con una bienvenida hostil, pues antes que ellos el Estado no se ha hecho presente.

Los medios, o recursos con los que debería contar el país para lograr esta presencia, son inicialmente aquellos en los que se requiere inversión en infraestructura. Donde llega la carretera, o la infraestructura de transporte, sea esta fluvial, aeroportuaria, o marítima, allí llega el Estado.

En los diálogos regionales vinculantes se han evidenciado necesidades de cambio relacionadas con temas como la educación, la salud, la seguridad, el empleo, y resuenan también palabras como infraestructura y vías terciarias.

Efectivamente, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo se prevé la provisión de una red de infraestructura de transporte regional basada en corredores carreteros, marítimos y fluviales, así como de servicios aéreos que permita la conectividad de los ciudadanos y su acceso a la salud y la educación y, por supuesto, el acceso del Estado a estas comunidades.

Una vez se cuenta con la infraestructura básica, no solamente hace presencia el Estado, sino que también se garantiza el transporte eficiente a lo largo de la cadena logística agropecuaria.

La provisión de infraestructura no puede improvisarse con individuos no calificados para su diseño y construcción. El plan de consolidación de la red de infraestructura y de transporte seguro, al servicio de la población que veremos en el Plan Nacional de Desarrollo requiere la participación activa de profesionales idóneos y firmas de consultoría y construcción con experiencia en este tipo de proyectos, sin perjuicio de contratar mano de obra local para su ejecución.

Como seguramente habrán deducido los redactores del Plan Nacional de Desarrollo, la provisión de infraestructura es una inversión que impacta positivamente la economía del país y mejora de manera objetiva la presencia del estado en las regiones para contribuir así a la seguridad nacional.

PD. La seguridad nacional requiere de seguridad jurídica. Congelar el incremento de los peajes manda ondas de incertidumbre a quienes han financiado los grandes proyectos viales en la historia reciente del país.

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