Unas mínimas lecciones

Desde el año pasado se advirtió en este espacio sobre los riesgos de incrementar el salario mínimo sin criterios sólidos. El aumento de 23% desbordó ampliamente lo que sugerían los fundamentos macroeconómicos: inflación y productividad.

En varios sectores de la economía, una proporción significativa de los trabajadores formales devengan exactamente un salario mínimo. Esto ocurre, por ejemplo, en las actividades inmobiliarias (26,9%), los servicios públicos y de suministro (26,5%) y el comercio (26,2%). En estas ramas, los incrementos del salario mínimo se trasladan casi de inmediato a mayores costos laborales. Dado el limitado margen para compensarlos con mejoras en productividad, muchas empresas terminan ajustando sus decisiones de contratación, postergando nuevas vinculaciones formales y diluyendo el impacto positivo esperado sobre el ingreso agregado.

Existen además sectores donde el aumento del salario mínimo genera tensiones con la formalización laboral. En estas actividades, la mayoría de los ocupados percibe ingresos inferiores al salario mínimo, lo que refleja limitaciones estructurales de productividad y de generación de empleos mejor remunerados. Este patrón es evidente en la agricultura (75,6%), las actividades artísticas (64,0%) y el alojamiento y los servicios de comida (63,7%). En estos sectores, el aumento del salario mínimo puede traducirse en un aumento de la informalidad laboral, en particular en las empresas más pequeñas.

De este episodio se desprenden varias lecciones. La primera es que el aumento decretado desbordó el rango discutido en la mesa de concertación salarial. El Ejecutivo, en su rol de mediador de última instancia, debería estar acotado, en ausencia de acuerdo, a un incremento dentro de ese rango. La jurisprudencia debería precisar con mayor claridad estos límites.

Adicionalmente, es importante resaltar que, si bien los aumentos del salario mínimo benefician a un segmento de trabajadores formales, cuando carecen de sustento técnico, terminan afectando no solo a los trabajadores informales -que ven truncadas sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales-, sino también a los intereses del propio Gobierno. Los costos fiscales asociados a esta decisión pueden superar con facilidad $5 billones anuales.

Otro claro perjudicado son las pequeñas empresas que, con esfuerzo, cumplen las reglas de la formalidad laboral y que, ante incrementos salariales elevados, pueden ver comprometida su viabilidad financiera. El porcentaje de ocupados formales con ingresos cercanos al salario mínimo asciende a 46,3% en empresas de seis a 10 trabajadores, mientras para empresas con más de 51 empleados desciende a 31,9%.

La segunda lección es que debemos modificar el mecanismo de concertación salarial para darle una voz más clara a los informales, las empresas pequeñas e instituciones que se preocupan por la sostenibilidad fiscal del país, como el Carf.

La tercera lección es que la fijación de uno de los precios más importantes de la economía no debería estar tan centralizada. En muchas regiones del país, el salario mínimo es más un espejismo que una referencia efectiva del mercado laboral. Es momento de avanzar hacia esquemas de negociación más flexibles, en los que desde las regiones, empresas y trabajadores tengan un papel más activo y acorde con sus realidades productivas.