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Analistas 11/08/2022

Tributaria sin procesar

José Ignacio López
Director Ejecutivo Investigaciones Económicas en Corficolombiana

El velo de misterio cayó el lunes pasado con la presentación de la reforma tributaria, no de $50 billones repartidos en 4.000 personas, como se anunciaba en campaña, sino una de $25 billones (1,7% del PIB), que recae en las empresas y en las personas con ingresos superiores a 10 millones mensuales.

La reforma va en la dirección adecuada y recoge varias de las recomendaciones de las recurrentes comisiones de expertos sobre el tema. No obstante, dista de tener el carácter estructural de la propuesta de Ley de Solidaridad Sostenible del año pasado, que por motivos políticos y por la coyuntura social fracasó estrepitosamente, en la medida que el nuevo proyecto no corrige el desbalance de la estructura tributaria de nuestro país donde los impuestos recaen de manera significativa en las empresas. De los 1,7% del PIB de recaudo esperado en 2023 de la propuesta, 0,8 puntos recaen sobre las empresas, lo que haría que con la reforma el recaudo asociado a impuestos empresariales sea del 28%, muy superior al 16% observado en el pasado reciente en América Latina y del 10% prevalente en los países de la Ocde.

La reforma incluye impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Buena parte de la discusión de la reforma se ha centrado en este punto. Es bien sabido que el consumo en exceso de dichos alimentos es perjudicial para la salud. La idea de gravarlos con tarifas más altas descansa en el argumento de que las personas que los consumen ejercen una externalidad negativa sobre el resto de la sociedad al elevar los costos del sistema de salud, que pagamos todos. El debate debe centrarse en la efectividad del aumento de los precios de gaseosas, embutidos, papas fritas, y demás bienes susceptibles del impuesto en la salud pública. La evidencia en otros países frente a la introducción de tributos similares es mixta.

Pero más allá de esta discusión ultraprocesada, que tiene engolosinado a los opinadores furtivos en temas de políticas públicas, el tema más relevante de la reforma, aún sin procesar, es su potencial efecto en la acumulación de capital, en un país que tiene una deficiencia de inversión y ahorro. Con la reforma, las ganancias de capital podrían estar gravadas a una tasa de hasta 39%, que sumado a una tasa efectiva empresarial cercana a 35%, implicaría una tasa combinada superior a 70%, muy superior a la de otros países. Esto sin contar el impuesto al patrimonio de personas naturales, que no puede descontarse del impuesto de renta. Olvidémonos de la discusión sobre la doble tributación, superada en el mundo. Hablemos del problema de la triple tributación.

Adicionalmente, la reducción en los descuentos de renta de los asalariados y personas de ingresos altos tendrá un efecto sobre varios vehículos de ahorro, en un país cuya condición preexistente más crítica es una tasa de ahorro inferior a 15% del PIB y una dependencia persistente a los flujos externos de capital para financiar el consumo y la inversión. De no modular estas propuestas en materia tributaria, el país tendría menor ahorro y un costo de capital mucho más alto, lo cual se traducirá en un menor crecimiento de largo plazo de la economía, con el efecto advero sobre el empleo formal. Todo esto en una coyuntura, donde después de muchos años de amplia liquidez, las tasas de interés vienen al alza, y la asignación de capital a nivel global será más selectiva.

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