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La infraestructura, el transporte y la logística no son sectores más entre los muchos que componen la economía colombiana. Son la plataforma sobre la que se construye la competitividad nacional, se articula el territorio y se garantiza el bienestar de millones de ciudadanos. Y esa plataforma, hoy, muestra grietas profundas.
Las cifras hablan por sí mismas. La inversión en infraestructura de transporte, que llegó a representar 3,0% del PIB hace una década, hoy apenas alcanza 1,0%. De cada 100 pesos que factura una empresa colombiana, 15,6% se destinan a costos logísticos, prácticamente el doble del promedio de la Ocde y por encima del promedio mundial. Este costo de ineficiencia no es abstracto: lo pagan los exportadores, lo absorben los consumidores y lo padecen, de manera desproporcionada, las regiones más alejadas del país. Reducir esa brecha equivale a un aumento directo en la competitividad del aparato productivo colombiano.
El balance de los últimos años no permite una lectura optimista. Los dieciocho proyectos de quinta generación -valorados en cerca de $49 billones- permanecen en preconstrucción, en gran medida por el debilitamiento del modelo de asociaciones público-privadas. El modo férreo sigue siendo marginal: 99% del volumen que circula por rieles corresponde a carbón. De las 23 recomendaciones de la Iata para ampliar en 47% la capacidad aeroportuaria, solo tres han sido implementadas. Por su parte, la conectividad marítima del país continúa rezagada frente a Panamá y lejos del promedio de la Ocde.
La primera tarea del próximo gobierno, a partir del 7 de agosto de 2026, deberá ser restablecer la confianza institucional: garantizar el pago oportuno de vigencias futuras, eliminar los congelamientos presupuestales y reactivar los proyectos 5G represados. A ello debe sumarse la ejecución activa del Plan Maestro de Transporte Intermodal, la consolidación de corredores logísticos estratégicos, la profundización del canal de Buenaventura, la reactivación del ferrocarril y la navegabilidad del río Magdalena.
En este contexto de parálisis inversora, la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura de rechazar la Iniciativa Privada Conexión Centro -proyecto de Odinsa con ocho años de estructuración para conectar Manizales, Pereira y Armenia tras el vencimiento de Autopistas del Café- resulta particularmente difícil de comprender. Se trata de una iniciativa que no requiere desembolsos del presupuesto nacional ni compromete el escaso cupo de vigencias futuras disponible. Su rechazo, anunciado sin que el proponente hubiera sido notificado formalmente, plantea serias preguntas sobre la coherencia institucional con la que se están tomando decisiones de esta envergadura. Negar proyectos como Conexión Centro no es una política de austeridad: es una política de postergación que, en últimas, pagan las regiones y los usuarios.
El país tiene diagnósticos, tiene planes y tiene instrumentos. Lo que ha faltado, en este cuatrienio con mayor claridad que en ninguno anterior, es la voluntad de ejecutar. La pregunta que deberá responder el próximo gobierno no es si invertir en infraestructura -ese debate fue saldado por décadas de evidencia-, sino cómo hacerlo con la urgencia, la institucionalidad y la escala que el rezago acumulado exige.
Estos gobiernos, elegidos democráticamente, agotaron ya toda posibilidad de reivindicación. La historia empieza a dictar su sentencia y Colombia, agotada pero aún en pie, resistió el descalabro, pero no puede permitirse repetirlo
La esperanza de paz se destruye cuando se llama paz a una política que permite que el crimen se fortalezca, que la población quede expuesta y que el Estado retroceda
Como he argumentado decenas de veces en otras columnas, en las elecciones de 2026 no nos jugamos una elección: nos jugamos el modelo económico y el futuro de la democracia en Colombia
