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Colombia cambió su modelo económico con la Constitución de 1991, la cual garantiza un número mucho mayor de derechos económicos y sociales. Parte del progreso social de los últimos años se debe a dicho cambio de modelo y al gasto público asociado. No obstante, la financiación de la expansión del gasto social se ha sustentado en buena parte en la renta petrolera y en el aumento a cuenta gota del recaudo tributario como resultado de un número frecuente de reformas tributarias de limitado alcance.
Debido al faltante de recursos para financiar las múltiples demandas de gasto social, el país se ha acostumbrado en los últimos años a una discusión recurrente sobre el déficit fiscal, la senda esperada de faltantes y el nivel de deuda pública del Gobierno Nacional Central (GNC). Hace tan solo pocas semanas, el Gobierno anunció una nueva senda de déficit fiscal aprobada por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que incorpora un aumento de gasto asociado al flujo migratorio de Venezuela. La senda revisada de gasto implica un déficit fiscal de 2,7% del PIB para 2019 y de 2,3% para 2020, en lugar de las metas iniciales de 2,2% y 1,9%, respectivamente.
Con estas nuevas perspectivas fiscales una de las inquietudes latentes es si tendremos una revisión o actualización de la calificación de riesgo soberano. La calificación del riesgo de la deuda pública, como su nombre lo indica es una nota que busca evaluar la solidez y capacidad de pago de un gobierno dado un marco institucional y su espacio de maniobra frente a choques económicos.
De las declaraciones y conversaciones con las tres calificadoras más importantes, Fitch, S&P y Moodys, se infieren tres preocupaciones en relación a la calificación soberana de nuestro país: 1) Lo difícil que le ha resultado al país aumentar su recaudo tributario como porcentaje del tamaño de la economía, 2) el aumento de la deuda del GNC, que en 2018 alcanzó un nivel de 47,2% del PIB, 3,7 puntos porcentuales superior a la de 2017 y 15 puntos mayor a la de 2012 cuando se dio inicio a la regla fiscal, y 3) el financiamiento del GNC a partir de 2020 cuando la ley de financiamiento empieza a tener un efecto negativo en el recaudo estimado en 0,8% del PIB.
Colombia ha tenido históricamente una tradición ortodoxa en materia económica y esto le ha permitido tener en la actual coyuntura un compás amplio de espera por parte de calificadoras y del mercado en el proceso de consolidación fiscal que se ha venido postergando. Es muy probable que tanto Fitch como S&P no modifiquen ni su calificación ni su postura sobre la deuda soberana de nuestro país este año, pero no puede descartarse que las preocupaciones antes mencionadas lleven a Moodys a rebajar en la siguientes semanas su calificación a Baa3, del actual Baa2. Dicha rebaja nos mantendría aún en el nivel de grado de inversión, pero sería un campanazo de alerta. Adicionalmente, un revisión de Moodys a Baa3, el último escalón de grado de inversión, se sumaría a la de BBB- de S&P haciendo que de manera mecánica las empresas colombianas pasen a ser grado especulativo, lo cual tendría un efecto importante sobre el costo financiero de las empresas y los flujos de inversionistas al mercado de capitales local.
De este análisis se desprende la importancia de que el gobierno anuncie sus planes de austeridad inteligente en el gasto y detalle con mayor claridad las fuentes de financiamiento de gasto en 2020.
