El saldo de la necedad

Después de tantas advertencias, finalmente la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) activó un programa de ahorro de energía. Aunque la medida dista mucho de ser el remedio definitivo y no va a prevenir por sí sola un apagón, con el margen de maniobra al límite, no queda de otra. Hay que asumirla como lo que es: un salvavidas de emergencia para aliviar la presión del sistema y ganar un tiempo que hoy se cotiza en oro.

El programa transitorio busca que hogares y pequeñas empresas apaguen lo que no necesitan ante la amenaza de El Niño y la escasez de oferta. El mecanismo fija un techo individual y castiga con un cobro extra a quien se pase de ese límite por más del 10 %, aplicado solo sobre los kilovatios-hora excedentes, no sobre el total de la factura. Lo que se recaude por esa vía financiará los estímulos para quienes sí ahorren.

En el fondo, el Gobierno vuelve a desempolvar la fórmula del ahorro, reviviendo el fantasma del cuestionado “Apagar Paga” de hace una década. El antecedente es imposible de obviar: en 2016 se le pidió al país apretarse el cinturón con la promesa de una retribución económica, pero cuando bajó la marea y llegaron las lluvias, la Creg cambió las reglas del juego a mitad del camino y borró de un plumazo las compensaciones. La jugada dejó un sabor amargo de frustración y desconfianza institucional. Por eso, este nuevo intento exige lupa. Solicitar moderación energética en tiempos de escasez es apenas lógico, pero para que el mecanismo funcione se requieren reglas de juego firmes, transparentes y que no se desvanezcan cuando cambie el clima.

Llegar a este punto, con la energía firme al límite, el gas en números rojos y el sistema acorralado por El Niño, no es cuestión de mala suerte ni un castigo del clima. Es el cobro de ventanilla por la falta de previsión y por decisiones de política pública que nos dejaron desprotegidos. En los últimos años no solo se frenaron proyectos de generación que hoy debieron estar en marcha, sino que la negativa dogmática a firmar nuevos contratos de exploración le asestó un golpe severo a la seguridad energética del país. A esto se sumó el freno de mano institucional impulsado por la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, cuyas trabas a proyectos estratégicos terminaron por asfixiar la capacidad futura del sistema.

El saldo de tanta necedad es evidente: una oferta de gas comprometida, menos holgura en la energía firme y la paradoja de tener que importar lo que antes producíamos, justo en el momento de mayor exigencia. Esta ceguera voluntaria nos trajo hasta aquí, postergando decisiones que hoy no dan más espera. Seguir administrando la escasez no es una opción: hay que fortalecer de inmediato la energía de respaldo, destrabar a toda costa los proyectos frenados, asegurar el gas y lanzar un plan de ahorro con verdaderos dientes. El país tiene que aprender a anticiparse y a no seguir improvisando, entendiendo que los malos cálculos políticos del ayer son los apagones del mañana.