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Los retrasos que presentan muchos de los proyectos minero-energéticos, con los que se busca reactivar la economía del país, generan un gran manto de incertidumbre acerca del cumplimiento de la ambiciosa estrategia del Gobierno Nacional que contempla el desarrollo de 33 millonarias obras de hidrocarburos y energía eléctrica. Iniciativas cuyas inversiones en su conjunto ascienden a $35 billones.
Al revisar que sólo uno de los proyectos, anunciados por el presidente Iván Duque hace siete meses en el Plan ‘Nuevo compromiso por el futuro de Colombia’, es el que se encuentra en operación y que más de la mitad de las iniciativas están estancadas en sus fases iniciales, se comprueba que el panorama actual del sector requiere de esfuerzos extras para sacar adelante estas obras, que se esperan produzcan más de 100.000 empleos directos e indirectos.
En el caso de las iniciativas de energías renovables y líneas de transmisión, que suman un total de 25 proyectos estratégicos para la diversificación de la matriz energética, son muchas las dudas que rondan su entrada en operación a tiempo. Los considerables retrasos en las licencias ambientales, consultas previas, permisos y demás trámites tienen con limitados avances a estas obras, que serán clave en la reactivación económica.
Si a lo anterior, le añadimos que la Creg recientemente emitió la desatinada resolución 233 de 2020 con la que busca regular la solicitud y asignación de capacidad de transporte para generadores, cogeneradores, auto generadores o usuarios finales, nuestra preocupación sobre el futuro de las energías renovables en Colombia aumenta, debido a que un gran porcentaje de los proyectos no tienen aprobada la interconexión por parte del operador de red y de la Upme.
Al sumarle un mayor grado de complejidad a los permisos para el desarrollo de los proyectos de energías limpias, se le está colocando otro palo a rueda de las renovables, que ya tiene suficiente trabas en los cuestionados procesos de conexión con los operadores de red que por la falta de infraestructura en el SIN buscan favorecer sus propias centrales de generación, ampliando la desventaja.
Que la nueva resolución exija la suscripción de una desequilibrada garantía de cumplimiento equivalente a US$10 por cada kW de capacidad de transporte asignada cuando se retrasen los proyectos, es un gran cambio en las reglas de juego que empaña el panorama de la transición energética y dificulta la meta de lograr para el 2023 una evolución en la composición de la matriz energética con 3 GW de fuentes variables. Ahora a la incertidumbre frente al cumplimiento de los compromisos en los tiempos pactados, se le añade este nuevo costo que acrecienta la preocupación.
Por otro lado, el panorama en el desarrollo de las iniciativas de petróleo y gas natural no es distinto. Las principales dificultades se derivan de los retrasos en la fase de licenciamiento ambiental ante la Anla y en los procesos de consulta previa, situación que desvela al sector y que pone en riesgo el éxito de este plan de reactivación.
Son pocos los proyectos que se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo, por lo que se hace urgente que el Gobierno Nacional promueva nuevos mecanismos y alternativas para acelerar las fases; respetando los derechos fundamentales de las comunidades, cumpliendo con todo lo exigido en los procesos e incorporando el uso de herramientas digitales. Este es el momento de corregir los inconvenientes en los trámites, la ineficiencia de las autoridades y de procurar la consolidación de un marco regulatorio estable que impulse el desarrollo del sector y presione el acelerador.
