¿Y el Igac?

El presupuesto anual del Igac es cercano a los $150.000 millones. Es una cifra muy baja si se tiene en cuenta la complejidad de sus tareas y la relevancia que tiene la formalización de la propiedad del suelo en esta coyuntura posterior a la firma de los acuerdos de La Habana. Las Farc y el gobierno han reconocido la importancia que tiene la formalización de la propiedad del suelo en el proceso de consolidación de la paz. En el plan de desarrollo del actual gobierno, Todos por un Nuevo País, se pone en primer lugar la necesidad de modernizar el catastro, y de mirarlo con una perspectiva global. Por ello se insiste en la relevancia del catastro multipropósito. Siguiendo estos lineamientos, el documento Conpes no. 3859 de 2016 hace un buen diagnóstico de la situación actual, y propone alternativas que, efectivamente, pueden llevar a mejorar el funcionamiento del catastro.

La formalización de la propiedad del suelo tiene numerosas ventajas, comenzando porque permite consolidar el mercado de tierras. Además, favorece el ordenamiento del territorio y la conservación ambiental. Los impuestos al suelo y al urbanismo tienen muchas potencialidades, y en el futuro inmediato pueden ser una fuente de recursos significativa. En el Conpes se muestra que la informalidad de la propiedad del suelo ha sido una de las causas de la violencia en el país. No obstante la contundencia del diagnóstico, las decisiones que ha tomado el gobierno son muy débiles, y una expresión de ello es el reducido presupuesto del Igac.

El diagnóstico es alarmante: 28% del territorio colombiano no tiene formación catastral, y entre las áreas que tienen catastro, la desactualización es de 64%. Ello significa que 722 municipios no tienen el catastro al día. En promedio, la desactualización es de 10,6 años. En algunos municipios como Unguía (Chocó), Jericó, La Uvita y San Mateo (Boyacá), hace más de 25 años que no se actualiza el catastro. Y entre los municipios que han sido afectados por el conflicto, 79% no tienen información catastral.

Los mayores avances se han conseguido en las ciudades que tienen un catastro descentralizado: Medellín, Cali y Bogotá. No obstante los logros, los montos de recaudo todavía son muy inferiores a las potencialidades. En Bogotá, el año pasado, el ingreso predial promedio por predio fue $857.299. Mientras tanto, 975 entidades con catastros formados, administrados por el Igac, tuvieron un recaudo por predio de $200.543. En Bogotá, el recaudo predial anual per cápita fue de $262.849, y en los municipios administrados por el Igac solo alcanzó los $65.608. En todos los casos, estos valores son relativamente bajos.

Uno de los primeros pasos que se deberían dar después de firmados los acuerdos de La Habana es la modernización del Igac. Hay un cierto consenso en que el Instituto tiene que ser fortalecido como autoridad catastral, pero no se toman las medidas pertinentes, y ello se refleja en su bajo presupuesto. El Igac, además, debería delegar los procesos de formación, actualización y conservación del catastro en un mayor número de entidades locales. Y, en este contexto, adquiere relevancia la puesta en operación del Sistema Nacional de Administración de Tierras.

El desprecio secular por el catastro es una manifestación del poder político que tienen los grandes propietarios del suelo quienes, desde siempre, han encontrado los mecanismos para ponerle obstáculos a la actualización catastral.