Pandemia fiscal

Pasó el covid, y aunque la actividad económica se está recuperando, la pandemia sigue afectando las finanzas públicas. Los efectos del mal continúan, y el daño fiscal tiene un impacto negativo en la inversión y el crecimiento.

Durante la pandemia el gobierno Duque tomó decisiones que siguen teniendo impactos fiscales significativos, que han sido incorporados en el presupuesto de 2024. Sin pretender hacer una evaluación de las medidas tomadas para responder al covid, es innegable que los mayores gastos de aquellos están reduciendo el margen fiscal. Los efectos más notorios tienen que ver con el servicio de la deuda, el fondo de estabilización de los precios de los combustibles y la opción tarifaria.

Entre 2023 y el 2024 el servicio de la deuda aumentó $20 billones. Durante 2024 es necesario cumplir con los compromisos adquiridos por el gobierno anterior. Para solucionar los problemas causados por el covid se contrataron créditos de corto plazo, que es necesario pagar ahora. Entre 2023 y 2024, el servicio de la deuda pasa de $72,3 billones a $92,3 billones.

La relación entre el servicio de la deuda y la inversión está llegando a límites preocupantes. En las primeras versiones del presupuesto 2024, el servicio de la deuda era superior a la inversión. Durante estos dos meses, con el apoyo del Congreso, se hicieron cambios que permitieron que la inversión por valor de $99,4 billones supere a la inversión. Pero se ha llegado a una situación preocupante y sería muy inconveniente que en 2025, el servicio de la deuda supere a la inversión, ya que se verían seriamente comprometidas las posibilidades de crecimiento.

El déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) es la segunda consecuencia de las decisiones que tomó el gobierno anterior, que no aumentó los precios de los combustibles, con el fin de proteger la capacidad de pago de los hogares. Para mantener un buen equilibrio de las finanzas de Ecopetrol, se decidió que el precio interno debería ser similar al internacional. Como la brecha entre los dos precios se amplió, la administración Petro ha tomado dos decisiones dolorosas.

Por un lado, compensar el déficit y financiarlo. Y, por el otro, aumentar el precio de la gasolina, de tal forma que se vaya reduciendo la distancia entre los precios doméstico e internacional.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se estimó un déficit de $17,8 billones, pero durante la discusión del presupuesto, se decidió aumentarlo a $20 billones. Al cerrar la brecha con respecto al precio internacional se logran varios propósitos. Por un lado, se eliminan los subsidios indiscriminados, y gracias a los mayores ingresos de Ecopetrol, el Estado recibirá recursos que se pueden asignar en función de los preferencias del gobierno.

Y, finalmente, la opción tarifario puede tener un costo cercano a los $6 billones. Las tarifas de los servicios públicos no aumentaron durante los meses del covid, y ahora es necesario corregir el desbalance. Las empresas comercializadoras reclaman, con razón, que se les transfieran los recursos que se les deben. La cifra podría ser de $6 billones.

En total, el gobierno Petro ha tenido que asumir estos compromisos que llegan a $46 billones. Son más de dos reformas tributarias. A pesar de estas limitaciones, el monto de la inversión para 2024 es el mayor de la historia del país.