Mala ejecución

Sin duda, el gobierno central atraviesa por una situación fiscal compleja. Pero al mismo tiempo se observa un pésimo manejo del gasto.

La mayoría de los análisis de la situación de las finanzas públicas tienen dos características. Por un lado, centran la atención en los balances contables del gobierno central. Y, por el otro, reiteran sin mayor explicación que el problema se resuelve disminuyendo el gasto de manera abrupta.

Es importante examinar el comportamiento del gasto, y no solamente su monto. El funcionamiento de la administración pública es ineficiente. Petro ha cometido el grave error de desconocer la complejidad inherente al manejo del Estado. Piensa que un activista sin ninguna formación es más confiable que un técnico con experiencia. Al establecer la identidad entre tecnócrata y neoliberal, le ha hecho un daño estructural a la administración pública.

Una de las pruebas más inquietantes de este desprecio por la complejidad del manejo de lo público son los bajos niveles de ejecución. De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda, en marzo la relación entre pagos y apropiaciones era de 16,9%. En condiciones ideales debería ser de 25%. Ello significa que en el primer trimestre se han dejado de ejecutar $36 billones.

El Ministerio de Minas y Energía tiene una buena ejecución de 24,7%. Pero preocupa el bajo nivel de gasto del Ministerio de Agricultura, que ha sido priorizado por el gobierno y no logra articular proyectos estratégicos con una perspectiva de largo plazo. Su nivel de ejecución apenas es de 8,8%. Además, sus recursos han ido disminuyendo, en gran parte por la mala ejecución. Dada la relevancia que tiene el sector, en 2024 tuvo un presupuesto de $8,1 billones. Debido a los problemas que ha tenido con la ejecución, en 2026 se le bajó a $4 billones. Y aun así no logra mejorar los niveles de gasto.

El tema es relevante porque para combatir la minería ilegal y la coca se requiere que haya proyectos ambiciosos de desarrollo agroindustrial. Las regiones que más los necesitan son Bajo Calima, Cañón de Micay y Catatumbo. Pero por ningún lado se observan este tipo de proyectos, que tienen que articular inversión privada y pública. Los recursos se siguen desperdiciando en pequeñas inversiones sin considerar la relevancia del desarrollo regional. En estas circunstancias es imposible competir con el oro, que ha alcanzado precios exorbitantes, cercanos a US$5.000 la onza.

En el análisis de la situación fiscal del país es importante examinar el lado del gasto y, sobre todo, su nivel de eficiencia. Los candidatos insisten en la lucha contra la corrupción, pero no hablan suficientemente del combate a la ineficiencia y la dispersión de recursos.

Es difícil entender la paradoja. Por un lado, el Ministerio de Hacienda tiene problemas de caja, que están demorando pagos. Varios sectores, empezando por la salud, están en una situación crítica. Pero, al mismo tiempo, los funcionarios no son capaces de ejecutar de manera eficiente los recursos que se les asignan. Es conveniente repasar los textos de Weber sobre las condiciones que tiene que cumplir la burocracia para que sea eficiente. No se puede denigrar de la buena burocracia. En determinadas áreas, el burócrata eficiente tiene que ser un excelente tecnócrata. El Estado colombiano es suficientemente complejo para pretender que lo puedan administrar activistas sin ninguna experiencia en el quehacer público.