Analistas

El silencio cómodo de las universidades

Después de leer el informe realizado por la Contraloría General sobre la utilización de los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología (FCT), sorprende el silencio cómodo de las universidades. En lugar de haber denunciado desde el comienzo los criterios absurdos con los que se distribuían las regalías para ciencia y tecnología, prefirieron acomodarse y pelear por pedacitos de la piñata. Las pocas voces críticas fueron de profesores y académicos aislados. A lo largo de todo el proceso, las universidades no tuvieron el coraje de rechazar los criterios que alimentaron el Ocad del FCT. Su triste papel estuvo acompañado de la lamentable secretaría técnica de Colciencias. El informe del Contralor no es grave por los detalles amarillistas que deleitan a los medios, que se la han pasado entrevistando al dueño del asadero Pío Pío, en lugar de estar haciendo una reflexión cuidadosa sobre lo que pasó. La raíz de la pésima distribución de los recursos del FCT radica en la incapacidad autocrítica de las universidades, que optaron por acomodarse y cumplir pasivamente con los requisitos formales del Ocad, en lugar de haber propuesto un debate nacional sobre los lineamientos que deberían guiar las opciones en ciencia y tecnología.

El primer gran error de las universidades consistió en aceptar que los dineros del FCT se distribuyeran entre los departamentos en la misma proporción en que lo hicieron los fondos de Desarrollo Regional y de Compensación Regional. Los recursos para estos dos fondos dependen de los niveles de pobreza, de la población y del desempleo. Para cualquier universidad debería haber sido claro que estas dimensiones no tienen nada que ver con la capacidad para llevar a cabo los proyectos de ciencia y tecnología. Como lo demuestra el Contralor, esta forma de distribuir llevó “a que departamentos que tienen fuertes falencias en capacidades científicas e institucionales reciban los más altos recursos”. Es deplorable que 64% de los recursos de ciencia y tecnología quedaran en los departamentos “con menores capacidades”.

El Ocad tiene una composición que, por su misma naturaleza, no favorece la discusión seria sobre las prioridades científicas del país. Allí está el gobierno nacional (DNP, Colciencias, Minminas, Ministerio de Agricultura, MinTIC), el gobierno territorial (6 gobernadores, uno por cada región del país, y universidades (4 públicas, 2 privadas, 1 universidad representante de las comunidades étnicas). Al aceptar estas reglas de juego, las universidades terminaron presentando proyectos que complacieran a los gobernadores. De esta manera renunciaron a su autonomía, y demostraron su incapacidad de liderazgo. Y este sometimiento a la voluntad de los gobernadores fue recompensado, porque gracias al régimen especial de la contratación asociada a CyT, 87,8% de los recursos se asignaron de manera directa y solamente 12,2% por concurso.

La piñata entre las universidades ejecutoras de los proyectos se distribuyó así: Valle ($38.000  de millones), Tecnológica de Chocó ($33 mm), Cauca ($27.000 millones), Tecnológica de Pereira ($26.000 millones), Nacional ($25.000 millones), Tolima ($24.000 millones), UIS ($19.000 millones), Guajira ($19.000 millones), Caldas ($15.000 millones), Nariño ($13.000 millones), Pacífico ($4.000 millones), Colegio Mayor del Cauca ($3.000 millones), Amazonía ($2.000 millones), Antioquia ($2.000 millones), Uptc ($2.000 millones). Es inaceptable que las universidades terminaran realizando numerosos proyecticos sin ninguna visión estratégica.