Analistas

Eficiencia en lo pequeño

La pequeña producción agropecuaria puede ser eficiente. Incluso, puede ser más eficiente que la gran explotación. Es simplista decir que únicamente son productivas las extensiones de gran tamaño. La eficiencia de la pequeña producción ha sido estudiada por Albert Berry desde los años setenta, y sus conclusiones son el resultado de analizar la productividad de la pequeña unidad agropecuaria en varios países del mundo, incluyendo a Colombia. Este enfoque ha sido retomado por el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, Colombia Rural. Razones para la Esperanza, y por la llamada Misión para la Transformación del Campo (o Misión Rural), El Campo Colombiano: Un Camino Hacia el Bienestar y la Paz. La semana pasada, en su visita a Colombia invitado por la Agencia Nacional de Tierras, Michael Carter, profesor de la Universidad de California, mostraba que la pequeña unidad agropecuaria puede ser muy productiva. Sus estudios cubren países tan diversos como Suráfrica, Kenya, Mozambique y Nicaragua.

Estos hallazgos son importantes para Colombia por dos razones. La primera porque estos días se ha agudizado el debate sobre le “ley de tierras”, y en este proceso se debe clarificar el papel que tiene la pequeña producción frente a las grandes extensiones. Y la segunda porque la pequeña producción tiene una relevancia significativa en la estructura agraria nacional.

La normatividad colombiana ha reflejado la tensión entre los terratenientes que insisten en conservar sus tierras, aún sin explotar, y los habitantes del campo que reclaman “la tierra para quien la trabaja”. Los avances de López Pumarejo y los intentos que hizo Carlos Lleras por mejorar la distribución de la tierra quedaron ahogados en el llamado Pacto de Chicoral (ley 4 de 1973). La ley 160 de 1994, que todavía está vigente, busca crear condiciones que favorezcan a los pequeños productores. El primer objetivo de la ley es “promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina” (art. 1). Este propósito se logra, dice la 160, si se reforma la “estructura social agraria”, y para ello es indispensable “eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad”. Uno de los mecanismos es la prohibición de otorgar baldíos de una extensión que sea superior a la Unidad Agrícola Familiar (UAF). La norma que se discute estos días debería mantener el espíritu de la ley 160.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional Agropecuario, 69,5% de los productores del país actúan en Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de menos de 5 hectáreas. Si la mayoría de los productores están vinculados a pequeñas unidades de producción, es necesario indagar por el nivel de eficiencia de estas explotaciones, con el fin de consolidarlas. En este proceso se deben desestimular los fraccionamientos que llevan a la existencia de microfundios que no son productivos.

Para que la pequeña producción sea eficiente tiene que estar apoyada por el Estado, mediante la oferta de bienes (infraestructura, agua, educación, salud) y servicios (crédito favorable, asesoría técnica, seguros) públicos. Estas condiciones propicias logran tres objetivos: mayor eficiencia, menor pobreza, y mejor calidad de vida de las familias rurales.