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Que podamos lograrlo, luego del terrible atentado dinamitero contra la escuela de formación policial, incide en la recuperación de la confianza de consumidores e inversionistas, ambos factores indispensables para que la reactivación económica que venimos experimentando no languidezca, y, por ende, el empleo. Sabemos que el Gobierno no puede garantizar que un episodio como ese no vuelva a suceder. Introducir un vehículo cargado con 80 kilos de explosivos es relativamente sencillo. Más lo es si los elementos para fabricar el artefacto se ingresan poco a poco en la ciudad elegida.
A partir de esta hipótesis, hay que preguntarse si el riesgo de una escalada terrorista como, por ejemplo, la que desató Pablo Escobar en la década de los 90, es mayor ahora que antes del 17 de enero. Creo que no. Aporto razones, pero puedo errar: no existe unidad de mando entre los elenos; algunos son más sanguinarios que otros.
El ELN no suele recurrir a atentados indiscriminados contra la población civil. Sus acciones recurrentes han sido contra la infraestructura petrolera y de transmisión eléctrica, que si bien causan daño a la población no están directamente dirigidas contra ella. Hace un año, con el propósito de presionar un cese al fuego bilateral, explotó cargas de dinamita en Barranquilla y Cartagena, pero lo hizo contra instalaciones policiales. Al reivindicar el reciente atentado, la guerrilla hizo el esfuerzo de enmarcarlo como un acto de guerra contra una instalación castrense, lo cual considera legítimo desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario (posición, por cierto, muy discutible: un centro de formación no es un cuartel). En esa ocasión no anunció, y ese era el momento de hacerlo, su intención de proceder de nuevo, ya de manera indiscriminada, contra la población civil. Centros comerciales y ciclovías son objetivos menos complejos que la Escuela General Santander.
En su evaluación ex post, la guerrilla debió constatar que todos los sectores políticos, incluso el partido de las Farc, rechazaron el ataque, postura coincidente con la de la comunidad internacional, a la que se unieron los países garantes del proceso de paz. La presión sobre Cuba para que entregue a los negociadores como responsables de un atentado terrorista es enorme y está respaldada por normas expedidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un nuevo bombazo colocaría a La Habana en una situación aún más compleja que la actual.
No existen motivos sólidos para creer que el ataque tuvo carácter suicida como los que realizan los terroristas islámicos, circunstancia que hace complejísimo evitar su repetición. Los elenos, por el contrario, cuya ideología tiene importantes elementos cristianos, son propensos al sacrificio, pero no a la autoinmolación.
Se sabe que el ELN tiene enormes intereses en Venezuela, en donde viven, protegidos por Maduro, sus principales dirigentes. El probable colapso de la dictadura chavista los obliga a concentrarse en cuidar bienes, libertades y vida. Un nuevo gobierno en Caracas muy probablemente los perseguiría para darles de baja o deportarlos. Por último, anotaré que después de cada evento que altere la seguridad pública las autoridades, cuya capacidad de prevención y respuesta ha mejorado significativamente, extraen lecciones valiosas.
En suma: hay razones para pensar que, a pesar de un crimen abominable, no se ha deteriorado, al menos de manera sustancial, el clima de seguridad.
