El Gobierno de Estados Unidos tiene unos instrumentos que se conocen como “revisión de políticas comerciales” para los tratados de libre comercio. En este procedimiento se revisa si las políticas de comercio con sus socios en materia de telecomunicaciones cumplen con los acuerdos internacionales de comercio. Eso quiere decir que el Gobierno les dice a los interesados cómo está cumpliendo el socio con sus obligaciones frente al TLC. El tenso ambiente que se vive en este mercado en Colombia generó una reclamación ante Douglas M. Bell y Jonathan McHale miembros de la Ustr (United States Trade Representatives), encargados de revisar estos temas para el TLC.
El lunes pasado, cinco compañías de telecomunicaciones presentaron el documento donde le manifiestan al Gobierno norteamericano que Colombia no está cumpliendo con algunas de las obligaciones del TLC.
Avantel presentó formalmente los comentarios por las demás, y por su parte ocho entidades adicionales solicitaron revisiones o hicieron comentarios similares al irregular mercado de telecomunicaciones colombiano: U.S. Council for International Business, Colombia Competitive Carriers, NII Holdings, Inc., Information Technology Industry Council (ITI), Telecommunications Industry Association, Mobile Manufacturer’s Forum, Satellite Industry Association y la Coalition of Service Industries (CSI)
Los demandantes consideran que no se han establecido salvaguardas eficaces a la competencia en el mercado de voz móvil que prevengan que el principal proveedor, realice o siga realizando conductas anticompetitivas. Estas empresas acusan al Gobierno de no haber tomado medidas eficaces para controlar este problema y que falta regulación eficiente en las autoridades que controlan que no haya uso de posición abusiva en el mercado. En 2009 el Gobierno declaró que el servicio de voz móvil tiene poder de dominio de mercado y en 2012 hacen una revisión las mismas autoridades, como la CRC y la Superintendencia de Industria y Comercio, y concluyen que la concentración es todavía mayor hoy.
Se alega violación del artículo 14.4.2ª donde las partes se obligan a mantener medidas apropiadas con el fin de prevenir que los proveedores realicen o continúen prácticas restrictivas de la competencia (Tiene que ver con insuficiente regulación o cuando se ha expedido y no ha sido eficaz). También el artículo 13-1 del TLC, donde ambos países aceptaron que las prácticas anticompetitivas son un problema para el acceso a los mercados. Si alguien tiene posición de dominio y abusa de dicha posición, es un problema para los operadores entrantes. En las normas sobre competencia, cada parte se obligó a mantener leyes que prohíban conductas anticompetitivas y que promuevan la eficacia económica y el bienestar de los consumidores. Como antecedente, las empresas exponen que en 2004 Estados Unidos le ganó a México un panel en la OMS por temas de falta de regulación para controlar los monopolios de Telmex en México.
Marc Eichmann, presidente de UNE, una de las compañías que firmó la reclamación, explica: “Nosotros estamos en una posición donde hay una concentración de mercado de Claro que no permite que haya competencia. El problema más grande es que no se han tomado medidas regulatorias. Hacemos la denuncia pensando en los usuarios, porque tenemos una advertencia por parte de de la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a la subasta 4G. Si no se toman medidas contundentes con respecto a la dominancia, estaríamos expuestos a la insolvencia.”
Este es un tema importante para el país, de calidad en el servicio, desarrollo económico por las implicaciones que tendría contar con un solo operador. Hay que tomar medidas o los demás jugadores desaparecerán y estarían condicionados a que ese solo operador dicte las medidas en telecomunicaciones, poniendo condiciones, como lo hizo en su momento con Bancolombia que modificó los costos en los mensajes de texto.
Con la Ley Antimonopolio radicada en el Congreso (que aún no ha sido debatida) y esta nueva batalla jurídica internacional, al Gobierno colombiano le va tocar ponerse las pilas si quiere masificar internet, adjudicar el espectro y que haya competencia en el mercado.
Este regalo de navidad que llega desde Estados Unidos, permite pronosticar un 2013 más turbulento que el actual año que finaliza.
Lo irónico del caso es que Claro, el operador dominante objeto de la reclamación, en los comentarios de la Subasta 4G mencionó la necesidad urgente de aplicar ciertas cláusulas del TLC cuando tenían el temor de que los iban a sacar de la subasta. Nadie sabe para quien trabaja,
Ñapa: Ante la Fiscalía fue denunciado penalmente el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la contratación para la recolección de basuras y dentro de las pruebas se incluyeron entre otras, tomar las bases de datos de empresas privadas que prestaron el servicio. Los presuntos delitos incluyen interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y tentativa de peculado.
