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Se dañaron los yacimientos

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En los últimos meses se ha generado una gran sequía en la región del Casanare principalmente en el Municipio de Paz de Ariporo. En dicha zona operan varias empresas petroleras entre ellas Ecopetrol y Perenco Colombia Limited, las cuales operan en los predios Vergel y Chaparrito en desarrollo de contrato de Asociación  sobre la zona del Río Pauto. No es la primera vez que el departamento del Casanare se enfrenta a fuertes sequías. La muerte de miles de especies por deshidratación asciende aproximadamente a 20.000 animales. Sin embargo, el tema recrudeció a principios del año con las terribles imágenes en los medios de comunicación. Casanare es uno de los departamentos con mayor extensión del país (44.490 km2). Las actividades de agroindustria están presentes en todo el territorio y con las petroleras, son el principal motor de la economía, pero también por los más recientes ejemplos, las responsables de afectaciones ambientales que ponen en riesgo el equilibrio de la biodiversidad biológica.

Hay quienes argumentan que la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) otorga permisos a las grandes empresas sin estudiar demasiado si la decisión afecta al territorio. No hay un balance consciente, ni un seguimiento, para saber si hay o no cumplimiento con la conservación de microcuencas. La deforestación en Casanare es un factor determinante en la conservación del agua que se dificulta cuando no hay árboles que la protejan. Para los habitantes y trabajadores de la región, la explotación petrolera es una de las causantes del daño en la calidad del agua. La gente que vive esa realidad diariamente, percibe que “la explotación del crudo contamina el agua porque  al hacer explosiones dentro de la tierra para buscar petróleo se forman  grandes grietas por medio de las cuales se va el agua represada en los pozos y esa, es la  misma que beben los animales, por esa razón se mueren”.

 Es por ello que la familia Braidy (reconocidos ganaderos del Casanare), contrataron a la firma Nisimblat Abogados, expertos en derecho petrolero y perjuicios. Ya se radicó ante la Fiscalía la denuncia penal en contra de las empresas Ecopetrol y Perenco Colombia Limited por daños ambientales. El texto, radicado por el apoderado Maikel Nisimblat, también solicita al ente acusador revisar la responsabilidad que le cabría a los funcionarios de diferentes entidades del estado que se abstuvieron de aplicar el principio de precaución para proteger el medio ambiente y evitar el daño a los recursos naturales y la fauna en la región.

Desde 2004, se reestructuró el negocio de hidrocarburos en Colombia. Ecopetrol terminó como único con una función puramente extractiva, conservando los contratos celebrados anteriormente hasta su vencimiento. Se creó la tan sonada Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para administrar los recursos no renovables de la Nación y  los cuerdos, mediante la celebración de contratos de Exploración y Producción con empresas que gozaran de capacidad técnica y financiera. La ANH comenzó a exigir requisitos adicionales con el fin de que las empresas que buscaran explotar los recursos naturales no renovables tuvieran la respectiva capacidad técnica y financiera y pudiesen cumplir con las buenas prácticas de la industria a nivel internacional.

Durante la etapa previa a la creación de la ANH y la expedición de la Ley 99 de 2003, las leyes ambientales fueron excesivamente laxas. El desarrollo del negocio de la extracción y exploración en el siglo anterior se permitió sin mayores limitaciones de carácter ambiental, toda vez que Ecopetrol no tenía la obligación de exigir a las empresas extranjeras la demostración de mayor capacidad técnica o financiera. Igualmente la actividad extractiva se adelantó sin mayores requerimientos ambientales y principios como la precaución no fundamentaron el desarrollo económico en Colombia. Posteriormente se fueron implementando normas  para intentar proteger los recursos renovables de la Nación, tipificando delitos en el Código Penal sancionables con prisión, como daño en yacimientos mineros y petroleros y contaminación ambiental. Igualmente la autoridad ambiental tiene instrumentos sancionatorios a través de la Ley 1333 de 2009 y se establecieron parámetros claros para el licenciamiento ambiental a través del Decreto 2820 de 2010.

Lo mas preocupante del caso es que estuvimos averiguando por este tipo de denuncias en la Fiscalía y encontramos poco interés del ente acusador por el tema. ¿Poca experiencia? o ¿poco conocimiento en delitos ambientales?

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