Encuestas reguladas

La última perla que dejó el Congreso en la sesión final del período legislativo anterior es una ley que intenta “regular” el período de encuestas electorales para cualquier tipo de comicios. La ley todavía no se ha sancionado por parte del Presidente de La República, pero lo que plantea es un período a mi juicio amplio de prohibición de publicar encuestas.

La iniciativa fue liderada por Angélica Lozano del Partido Verde, Paloma Valencia del Centro Democrático y Clara López del Pacto Histórico. El trámite legislativo se hizo sin haber tenido en cuenta la opinión de importantes firmas encuestadoras del país.

Tampoco se realizó en ningún momento una audiencia pública para que el público pudiera enterarse u opinar. La nueva restricción no aplica para encuestas en donde se pregunta sobre “reconocimiento” o la “opinión” sobre los precandidatos. Queda vetada la pregunta sobre intención de voto, que es la que vale.

Dentro del texto, específicamente en el artículo 5 se encuentra la fórmula: “las encuestas que incluyan preguntas relacionadas con intención de voto solo podrán realizarse a partir de los tres meses anteriores del primer día de inscripciones de candidatos”.

Esto quiere decir que para las elecciones presidenciales de mayo 31 de 2026, este período inicia el 31 de enero, por lo que las encuestas solo podrán publicarse a partir del 31 de octubre de 2025. Desde que se sancione la Ley y hasta finales de octubre no volveremos a ver encuestas de precandidatos.

Algunos expertos consideran que estas restricciones van a debilitar a las firmas encuestadoras a tal punto que algunas podrían llegar a la insolvencia o quiebra total.

Otros detalles que se incluyen en la nueva norma son la restricción de tener que incluir a ciudades de más de 800 mil habitantes, que se deben tomar los datos oficiales que publica el Dane. En nuestro país caben dentro de ese universo Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Soacha y muy pronto Villavicencio.

Toda firma encuestadora, adicionalmente a estar registrada ante el Consejo Nacional Electoral, deberá remitir de manera obligatoria la información relativa a las bases de datos que se usen en el proceso de elaboración de la encuesta.

¿Debe prevalecer la necesidad de regular la influencia de las encuestas en la intención de voto del ciudadano, o debe prevalecer el derecho del ciudadano a estar informado? El Gobierno abiertamente defiende la ley ya que se ajusta perfectamente a la clásica ideología de izquierda de restringir libertades a la población.

Voceros del gobierno han dicho que esta es una herramienta para fortalecer la transparencia y pondría a todas las firmas encuestadores en un campo de juego equilibrado. Limitar la información pública, violentar el derecho a la información, especialmente en un mundo plagado por desinformación en las redes sociales, puede convertirse en un factor que debilita la democracia. Me parece que se presta para jugadas y trucos que la ciudadanía no va a detectar tan fácilmente.

En general, es sospechoso que todos los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo tan fácil y calladamente. Nos falta ver si la Corte Constitucional acepta estas nuevas reglas que yo creo que pasan por encimas de derechos fundamentales.