El crimen paga

Las sanciones restaurativas de ocho años al último secretariado de la guerrilla conocidas con la lectura del primer fallo de la JEP han generado polémica en nuestro polarizado país. Humberto de la Calle, que fue el jefe negociador, explicó que el proceso representa un intento por abordar responsabilidades no resueltas por más de medio siglo de conflicto armado. De la Calle señaló que le parece que el fallo llega demasiado tarde: “Hubiéramos querido que esta sentencia saliera antes, se ha tomado demasiado tiempo, yo entiendo que eso, además, creó un vacío en la sociedad como una especie de confrontación que conduce a la idea por parte de algunos de la noción de impunidad, pero esa demora hoy tiene que ser entendida y corregida por la complejidad de lo ocurrido”.

El expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, defendió el fallo como parte de los resultados del proceso y reconoció la “frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero, esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable”. Millones de colombianos rechazaron el fallo por considerarlo suave o insuficiente como el exrepresentante a la Cámara, Jaime Felipe Lozada, secuestrado cuando tenía 17 años y cuyo padre fue asesinado por la guerrilla, declaró que el fallo conocido esta semana por parte de la JEP es una “revictimización”.

Se sabía que los responsables de estos graves delitos no pagarían un día de cárcel. Cabe recordar también que la votación del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz fue en contra. Más de la mitad del país decidió no apoyar ese acuerdo con esas condiciones, por considerarlas demasiado blandas o irrisorias. Los que no apoyaron el acuerdo decían que la JEP era una justicia “a la medida” en donde los victimarios iban a tener injerencia en la configuración de la institución. Mientras tanto las víctimas bien gracias, nunca fueron reparadas.

Secuestraron, robaron, mataron, torturaron, extorsionaron, violaron, forzaron a abortar, reclutaron a menores de edad y participaron del negocio del narcotráfico. Enjaularon a militares, policías y civiles en campos de concentración en la selva al mejor estilo de los nazis. Cometieron todos los considerados delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El DIH es quien regula estos actos y establece que los Estados y la comunidad internacional deben investigar y juzgar a los responsables para garantizar la justicia y proteger a las víctimas. Al parecer aquí ocurrió justamente lo contrario.

La gran conclusión para jóvenes y niños que crecerán viendo esta impresionante ambigüedad de la sociedad colombiana es que de todas formas el crimen paga. Diferentes gobiernos han perdonado, amnistiado y ayudado a todo tipo de criminales. Hace décadas el Estado terminó arrodillado a los carteles de narcotráfico, y el M19 se desmovilizó sin pagar cárcel ni reparar a una sola víctima. Nuestros hijos ahora se forman dentro de un imaginario mucho más gelatinoso con la “paz total” y los fallos de la JEP. Cualquier joven podría concluir que el camino correcto es volverse criminal en vez de estudiar, trabajar y pagar impuestos. Al final siempre habrá mecanismos estatales que van a ayudar a los bandidos.