viernes, 29 de mayo de 2020

Más columnas de este autor Jorge Hernán Peláez

En un reciente proceso de licitación se evidenció que la coyuntura actual, al forzar que ciertas situaciones sean en la virtualidad, pone en grave riesgo la legalidad y la transparencia. Las herramientas de conexión y la tecnología que se están utilizando, son apenas eso, unas herramientas, que de usarse mal pues terminan en malos resultados. En las adjudicaciones las cosas pueden salir mejor si hay reglas claras y explícitas en el uso de la tecnología desde el principio.

Al tener como un imposible la típica audiencia pública de adjudicación, con presencia en vivo y en directo de los oferentes y sus abogados, quedan los procesos a merced de grietas y fallas tecnológicas que puedan tener las plataformas. Se cierra la posibilidad de que los proponentes que sientan que las cosas están fallando puedan, por ejemplo, reclamar y parar una audiencia con herramientas jurídicas válidas.

Un ejemplo reciente, demuestra que hay mucho camino por mejorar en transformación digital de la contratación pública. Se trata de la compra de uniformes de la Policía Nacional proceso que en Secop aparece como PN DIRAF SA 047 2020. La compra se va a hacer para accesorios de uniformes que incluyen cinturones y otros elementos, por un valor aproximado de $2.850 millones.

El mecanismo escogido fue la subasta inversa, en donde se supone que el ganador va a tener un menor margen de utilidad, y de esa manera la entidad ahorra en costos al máximo. El proceso no pudo ser más traumático. Leyendo en Secop las cartas de acusaciones entre oferentes hay elementos y acusaciones espeluznantes que rayan en delitos penales.

La subasta se realizó el lunes 18 de mayo, cuando todos estaban listos con sobre de apertura a las 11 am como decía la adenda. Sin embargo, la plataforma no prendió a la hora establecida, y varios oferentes solicitaban el informe de evaluación para tener tiempo de subsanar, a lo cual la Policía hizo caso omiso y procedió a publicar su informe a las 3:04 pm.

A las 3:06 pm publicó los oferentes habilitados y finalmente a las 3:28 pm la lista definitiva de oferentes habilitados, dando menos de dos minutos para subsanar, pues el cierre programado era para las 3:30 pm. Varias uniones temporales salieron de descabezadas de la lista en esos 22 minutos.

En los procesos de subasta inversa es permitido subsanar hasta antes de la audiencia de adjudicación. Varios oferentes solicitaron la suspensión para subsanar. La Policía no publicó nada en la plataforma ni respondió en línea a las solicitudes de los interesados. En una audiencia pública en vivo y en directo, esto hubiera desencadenado una situación diferente, que por Internet no se pudo dar.

Aunque el acta de adjudicación o de declaratoria de desierto no se ha publicado hasta el cierre de esta edición (probablemente fue ayer a medianoche), se observa de las ofertas definitivas que hubo pocas interacciones y el ahorro va a ser marginal, entre 1% y 3% cuando había proponentes que estaban dispuestos a bajar su margen hasta 10%.

El general Oscar Atehortúa recibió duras cartas de cuestionamiento, pero la Policía no ha entregado respuesta definitiva. Ese es el lío de no tener audiencias públicas presenciales, donde seguro el tema ya se hubiera aclarado. La firma del contrato estaría para junio 4, pero queda la percepción de que su hubieran podido apretar más el cinturón. Son nada menos que 32.000 cinturones a $30.000 cada uno. Cualquiera buscaría un ahorro adicional.