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La primera revolución digital de nuestra sociedad necesita una revisión integral de sus marcos legales, regulatorios y de política pública. Nuevas realidades económicas, políticas, culturales y sociales impactan y modifican nuestra conducta, la forma como nos relacionamos, en qué se estructuran las sociedades y se cuestionan las estructuras del poder jurídico.
La infraestructura y la tecnología digital nos enfrentan a algo que ya es un choque civilizatorio (Samuel P. Huntington) frente a la primera revolución digital de nuestra civilización y su consecuencia inmediata: una nueva civilización.
El nacimiento de esta sociedad se da en un entorno geopolítico inevitable. Las antiguas guerras económicas en el Atlántico del periodo virreinal, en el Pacífico, posteriormente al descubrir China, Filipinas y la India; la guerra económica de la Revolución Industrial y la de los últimos 80 años, con el nuevo orden internacional de las Naciones Unidas y múltiples organismos internacionales, palidecen frente a las amenazas, adversidades, oportunidad económica y política que ofrece esta sociedad digital.
Hay una acumulación económica formidable y evidencia de mas justicia social y prosperidad, en esta naciente sociedad digital.
No existe herramienta más poderosa de transformación social que la internet y los servicios de telecomunicaciones; y no existe mayor igualador social que las tecnologías de la información y la comunicación y la internet.
Pero también no hay momento más peligroso que un escenario donde la desconfianza recíproca crea bloques económicos, regulatorios, jurídicos y de política pública, bajo la égida de la geopolítica. La ideología y el miedo como formas de la acción pública generan errores, avances minúsculos y torpezas legislativas.
El derecho de acceso a internet y la sujeción del mundo digital al mundo jurídico es fundamental para orientar la nueva regulación, la política pública y los nuevos marcos legales. La negociación y la construcción de una visión digital sin comprender estas tres herramientas nos llevarán a caos y frenesí digital incontrolable.
Sobrerregular mata la innovación y la sociedad digital; una sociedad de libertinaje digital orilla al despeñadero digital; legislar sin política pública es la náusea pública; regular sin marcos legales es la inseguridad jurídica y política pública sin leyes es falta de institucionalidad.
El Estado digital es la construcción de la institucionalidad de la acción pública para una sociedad digital y se construye con cuatro grandes herramientas: el respeto al derecho de acceso a internet y su función como habilitador de derechos fundamentales, que crea algo que denomino “Constitucionalismo digital”; política pública; regulación; y marcos legales.
Una sociedad digital crece más rápido, genera más igualdad, acelera la implementación de las políticas públicas, dinamiza la economía y la vuelve digital, genera empleo a más velocidad en el menor tiempo posible (véanse las plataformas de movilidad creando seis millones de nuevos y mejores empleos en América Latina), facilita la educación masiva, combate la pobreza, genera indicadores, vuelve transparente el gobierno y la acción pública y combate la marginación del nuevo siglo: la digital.
Un gobierno debe proponer una visión poderosa, no de un nuevo gobierno, sino de un Estado, una nueva civilización, transformadora, justa y con bienestar digital para todas y todos.
