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El debate sobre la reforma a la salud sigue demostrando la dificultad que representa hacer realidad un derecho en Colombia. Los derechos se convirtieron en mercancías transables atados a condiciones de ingreso o contratos laborales, por eso se sigue discriminado a la población según su capacidad de pago. La propuesta del Gobierno para reformar la salud busca recuperar la esencia del derecho fundamental, reconociendo que el sistema tiene una crisis estructural y sólo ha servido para que los recursos vayan a parar a bolsillos privados y desaparezcan por arte de magia, tal como lo señalan los recientes informes de la Contraloría.
La reforma a la salud sigue atrapada en la Comisión Séptima del Senado y el debate ha sufrido diversos aplazamientos con el único propósito de dilatar. La bancada del Gobierno presentó su respectiva ponencia hace meses y la semana pasada tres senadoras opositoras radicaron su ponencia “alternativa”, la cual no corrige las fallas del sistema, sino que representa un salvavidas legislativo para perpetuar el modelo de aseguramiento individual y la hegemonía de las EPS, en otras palabras, están proponiendo una reforma a la medida de las EPS.
La forma de hacerlo es manteniendo intacta la estructura financiera que ha enriquecido a los intermediarios privados, mientras se despoja al Ministerio de Salud de sus funciones de rectoría. La Unidad de Pago por Capitación, UPC, los presupuestos máximos, la política de calidad y hasta la habilitación de redes pasarían a un Consejo Nacional de Salud dominado por intereses comerciales y donde las EPS tendrán un papel dominante, quedando el Estado subordinado a dicho Consejo y configurándose una especie de privatización encubierta.
No siendo poco, la ponencia “alternativa” recorta la participación de comunidades étnicas, trabajadores y territorios, desfinancia, o mejor, acaba con la buena idea del Gobierno de la atención primaria en salud, estrangula a la red hospitalaria pública y convierte a la Adres en un “pagador ciego” que transfiere recursos sin control. En otras palabras, legaliza la ineficiencia y el despilfarro.
En consecuencia, no es una propuesta alternativa que garantice el derecho fundamental a la salud, sino es un blindaje jurídico para las EPS, quienes incluso podrán fortalecer su patrimonio con recursos públicos sin responder por sus deudas. El enfoque de esta ponencia privilegia a la enfermedad como negocio y al ciudadano como su cliente cautivo.
En síntesis, la ponencia alternativa se aparta de los principios constitucionales del Estado Social de Derecho, de la descentralización y de la solidaridad. No garantiza el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, por el contrario, legitima la privatización de recursos públicos bajo el ropaje de una reforma legal. Abre puertas para que Estado asuma las deudas de los despilfarros y los colombianos pasarían a pagar ineficiencias y desfalcos de un sistema llamado a reformarse. Concentra poder en las EPS, elimina controles y debilita la capacidad de rectoría pública. En lugar de garantizar el derecho fundamental a la salud, lo sigue sometiendo a la lógica del mercado, manteniendo la salud como negocio y la enfermedad como oportunidad de lucro.
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