Libre mercado: inseguridad social

En el libre mercado se supone que la determinación de precios, la producción y la distribución de lo producido se realiza por medio de la puja entre la oferta y la demanda. Para ello, las empresas deben entran en competencia entre sí y la intervención del Estado queda relegada a su mínima expresión; pues sólo se le encargar de proteger la propiedad, hacer cumplir contratos (públicos y privados), garantizar la seguridad y ser garante de derechos; aunque, sin la plena capacidad operativa y de recursos para ello, por lo que, para garantizar dichos derechos, debe acudir siempre a los privados, como en caso del derecho a la salud, pensión y vivienda, por mencionar algunos.

En Colombia se dispuso que la salud como derecho se “garantiza” mediante las EPS, que son entidades encargadas de afiliar usuarios para que sean atendidos por otras entidades a las cuales ellas contratan, denominadas IPS, y donde se encuentran las clínicas y hospitales. Hasta aquí, fácilmente comprensible entonces que, si las EPS contratan IPS pero no pagan o pagan tarde, pues se acumulan deudas, se deteriora el servicio, asfixian a las clínicas y hospitales -algunos públicos- y no se garantiza el derecho, quedando las personas desprotegidas y en inseguridad social.

Según el reciente informe de la Contraloría General de la República, CGR, a 31 de diciembre de 2024, las 29 EPS debían $32,9 billones a las IPS y proveedores de medicamentos. Se sobreentiende que cuando a un proveedor no le pagan pues no presta el servicio o no despacha, por lo tanto, es claro que el mal funcionamiento del sistema en general es producto de los incentivos perversos creados dentro del mismo, donde el negocio y los beneficios privados están en la mayor facturación generada y en las alianzas que algunos han creado entre sí, para hacer que los recursos públicos se multipliquen y produzcan ganancias privadas a costa de asfixiar financieramente otras entidades y permitir la enfermedad y la muerte.

Pero, este extraño libre mercado se protege con el Estado, a quién le encarga que garantice la normatividad y regulación más flexible posible, pero los mayores recursos para funcionar. Conviene recordar que 56% del sistema se financia gracias a las transferencias que hace la Nación; pero, sin la posibilidad de conocer el destino de los recursos y la eficiencia del gasto, pese a ser recursos públicos. Esta es una de las dificultades para controlar el sistema y una de las razones por las cuales se resisten a la reforma.

Mientras en 1994 había 157 EPS, actualmente quedan 29 y sólo seis cumplen con las tres condiciones financieras y de solvencia, según la CGR, quiere decir, que 5.695.976 afiliados se encuentran en EPS que cumplen con el capital mínimo, patrimonio adecuado y las reservas técnicas; el restante (44 millones de personas) “están en EPS que no cumplen todas las condiciones financieras y de solvencia que la norma obliga”, advierte la Contraloría.

Nótese cómo un derecho social, fundamental, se desdibuja al ser endosado al libre mercado provocando inseguridad social. Lo mismo ocurre con los demás derechos -educación, alimentación pensión, vivienda, trabajo- los cuales han terminado escondidos e incumplidos dentro de un evidente sistema de negocios privados, pero financiados con recursos públicos y con débil nivel de regulación, supervisión, control y vigilancia.

Entonces, el libre mercado invoca la libertad y la igualdad en un sentido individualista. Induce a pensar y creer que dicha libertad se alcanza en la medida en que cada uno es dueño de sí mismo, es decir, lo abstrae y lo separa de un todo social, cuando resulta que los derechos sociales por naturaleza requieren de la solidaridad, principio que no contempla el libre mercado, ni la ortodoxia económica.