Por la puerta de atrás…

Hay momentos en los que la política económica obliga a formular una pregunta básica, casi elemental, ¿el fin justifica los medios? La respuesta es clara: no. En una democracia con reglas e instituciones diseñadas precisamente para evitar decisiones improvisadas y arbitrarias, los medios importan tanto como los objetivos que se persiguen.

Hace unas semanas, el Gobierno Nacional declaró una emergencia económica que no cumple con los requisitos constitucionales ni cuenta con el sustento técnico que exige una medida de esta magnitud. No se identifican hechos sobrevinientes, imprevisibles o excepcionales que justifiquen el uso de facultades extraordinarias. Lo que existe es una presión fiscal conocida, advertida y ampliamente debatida. Confundir una dificultad de caja con una emergencia económica no solo debilita el marco institucional, sino que sienta un precedente riesgoso para la conducción de la política pública. En la práctica, la llamada emergencia económica no es otra cosa que una reforma tributaria por la puerta de atrás.

Amparado en esta declaratoria, el Gobierno anunció una nueva sobretasa de renta al sector financiero, llevando a Colombia a registrar la carga tributaria más alta del mundo para esta actividad. La decisión se justificó con cifras que, al ser examinadas con rigor, no resisten el contraste con la información oficial disponible.

Según el Ministerio de Hacienda, el sector financiero “solo paga el 19 % en impuestos”, una afirmación abiertamente alejada de la realidad. La carga tributaria efectiva del sector alcanza el 51%, incluso antes de la última reforma tributaria, y las cifras están consignadas en los datos oficiales que publica el propio Gobierno. De los cerca de 28 billones de pesos de utilidades antes de impuestos generadas por el sistema financiero, 14,5 billones se destinan al pago de impuestos. Es decir, más de la mitad de sus utilidades se transfieren directamente al Estado. Sostener lo contrario introduce un error grave en un debate que exige rigor técnico.

El segundo argumento oficial señala que las utilidades del sector financiero, en el acumulado enero-septiembre de 2025, bordearon los 112 billones de pesos, una afirmación que, como mínimo, resulta engañosa, pues dicha cifra incluye cerca de 91 billones correspondientes a los rendimientos de los fondos de pensiones y de inversión, recursos que pertenecen a los ciudadanos y no constituyen utilidades de las entidades financieras. Confundir la rentabilidad de los ahorros de los colombianos con utilidades empresariales no es un simple desliz técnico, sino un mensaje profundamente equivocado que distorsiona el debate público y conduce a conclusiones erradas sobre la verdadera capacidad contributiva del sector, en abierta contradicción con la información financiera oficial.

También se ha afirmado que la rentabilidad del sector financiero es exorbitante, un señalamiento igualmente errado. De hecho, el retorno sobre patrimonio del sistema financiero (el ROE) se ubica entre los más bajos de América Latina. Incluso, en el ámbito local, de acuerdo con los últimos reportes de la Superintendencia de Sociedades, es inferior al promedio del resto de sectores de la economía.

Pero lo más delicado no está solo en la inconsistencia de los argumentos, sino en las implicaciones de la decisión. Cuando se grava un bien o un servicio, su uso se encarece y, por definición, se desincentiva. En este caso, la nueva sobretasa implica una apuesta explícita por menos crédito, menos inversión y menos hogares y empresas con acceso al financiamiento formal. Por legítimo que pueda parecer el objetivo de recaudo, recurrir a instrumentos que erosionan la institucionalidad y comprometen el funcionamiento del sistema financiero conduce a una conclusión ineludible, y es que en una democracia responsable, el fin no puede, ni debe, justificar los medios.