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Quien crea que al Gobierno le interesa mejorar las condiciones laborales de los colombianos, se equivoca. Si así fuera, concentraría su capital político en aprobar la recién revivida reforma laboral, y no en impulsar otra consulta popular. Al final, ganan con cara y con sello también.
Por si aún no fuera claro, el modus operandi del Gobierno es el del capricho y la extorsión. Primero intentan salirse con la suya a toda costa, aun cuando democráticamente el Congreso, de manera legítima, les ha cerrado la puerta. Actúan como un niño consentido sin límite alguno: si no le dan el juguete que quiere, aplica su segunda táctica, la pataleta. El niño grita, llora; el presidente convoca huelga general, movilizaciones y promete un nuevo estallido social.
Pensándolo bien, lo único que diferencia a Petro del niño caprichoso es que el primero es el presidente del país. De resto, ambos actúan igual.
Hace poco se conocieron las cuatro nuevas preguntas de la consulta popular 2.0. En total son 16, en las que no solo se abarca el régimen laboral, sino que además se tocan temas pensionales y de salud. Queda claro -por si antes aún no había quedado claro, reitero- que este ‘sancocho’ populista es el nuevo instrumento político del Presidente. Además de estar hecho con preguntas sugestivas, esa arma electoral nos costará, según el Registrador Nacional, $700.000 millones. Un insulto al bolsillo y a la inteligencia de los colombianos.
Juegan con las ilusiones de la gente al prometer, por ejemplo, que si la consulta popular gana, de repente todas las trabajadoras domésticas, las madres comunitarias y los trabajadores informales serán formalizados (pregunta 10). Olvidan lo más importante: plantear cómo se hará posible semejante hazaña.
Si aplicamos la lógica, la única forma en la que eso sea posible, es que el mercado laboral deje de ser tan rígido a la hora de formalizar a un trabajador: que los costos de contratación sean más bajos, que las condiciones laborales sean negociables, que no haya carga tributaria tan alta a los empleadores, y sobre todo, que haya más productividad, y con ello, más ingresos. Sin embargo, tanto la reforma como la consulta hacen todo lo contrario. Le ponen más piedras al camino de la formalización laboral.
Mientras tanto, muchos funcionarios y políticos hablan desde las buenas intenciones. Defienden estos proyectos como si las Pyme y Mipyme pudieran pagar nóminas millonarias. Con razón exigen tanto: jamás han trabajado en el sector privado, pagado una nómina ni enfrentado a la Dian. Olvidan que la riqueza no se decreta; se construye.
En lugar de seguir la lógica, el Gobierno apela a la emoción y al populismo, y disfraza su agenda política con propuestas inviables. Pase lo que pase en el Congreso, Petro gana. Si se aprueba la consulta 2.0, inicia su campaña con recursos públicos; si se aprueba la reforma, avanza en su cruzada contra el sector privado. Entre tanto, los colombianos seguiremos pagando la cuenta. Y esta vez no solo con nuestros impuestos, sino también con nuestra estabilidad laboral.
Perdemos con cara y sello.