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Telecomunicaciones: mejor en manos de privados

Es innegable que las telecomunicaciones son un elemento esencial en la sociedad moderna, siendo uno de los instrumentos mas importantes para mejorar el desarrollo, la competitividad de los países y el crecimiento económico, así como para incentivar la innovación y la productividad. Los avances tecnológicos en el ámbito de las redes que permiten conexiones más rápidas, mejor calidad de voz y velocidad de datos, así como en los dispositivos, cada día más livianos y poderosos, hacen que la industria sea una de las más cambiantes a nivel global. Las empresas operadoras de telecomunicaciones, a diferencia de los jugadores en otras industrias, se encuentran en constante necesidad de expandir, actualizar y renovar sus infraestructuras con el fin de mantenerse competitivos y ofrecer mejores servicios a sus clientes. 

Uno de los factores que afecta los modelos financieros de las empresas de telecomunicaciones en mayor medida, aparte de la necesidad incesante de innovación tecnológica, es la forma en que desaparecen ciertas fuentes de ingresos gracias a cambios en la regulación o avances técnicos. Para la muestra un botón, hoy en día, servicios como el de la larga distancia internacional, la mensajería de texto (SMS) y en un futuro cercano el “roaming” serán cosa del pasado. El efecto económico de estos cambios para los operadores de telecomunicaciones puede ser catastrófico sino tienen la suficiente agilidad empresarial para ofrecer nuevos servicios que reemplacen los flujos perdidos.

Como pasa en otras industrias, en la mayoría de los casos, las empresas pertenecientes al gobierno, no son necesariamente las más ágiles, innovadoras y adaptables a los cambios en los modelos de negocio. Esta realidad fue el catalizador de la ola de privatizaciones de empresas de telecomunicaciones en la última década del siglo pasado. Primero fue Chile en 1987, seguido por Belice en 1988, Argentina en 1990, México y Venezuela en 1991. 

En la mayoría de los casos, los resultados de los procesos de privatización han dado resultados muy positivos, permitiendo una sana competencia y evitando el conflicto inherente que presenta el que un gobierno sea a la vez jugador y árbitro (regulador) en el partido, algo que la misma Ocde ha sido enfática en criticar desde hace varios años. El caso de Colombia es particularmente interesante debido a la doble presencia del Estado como regulador y entidad regulada (siendo el Estado dueño de 30% del segundo operador del país). 

La historia de Telecom, luego transformada en Colombia Telecomunicaciones, de la cual hoy Telefónica de España es propietaria de 70%, es compleja, conflictiva y de alguna manera triste, siendo el reflejo del conflicto que genera el manejo político que historicamente se ha dado a las empresas donde el Estado es dueño o co-propietario. A riesgo de entrar en conflicto con las opiniones de varios honorables senadores de la República, el antiguo Telecom no era una mina de oro, sino más bien una empresa obsoleta cuya única ventaja competitiva estaba dada por el monopolio de la larga distancia nacional e internacional, la cual debió ser vendida en su totalidad en 2006 y cuyo pasivo pensional debió ser aprovisionado por el Estado. 

Desafortunadamente, el gobierno de turno y su sucesor, no han tenido los pantalones para finalizar lo que se empezó hace más de 10 años, seguramente por el efecto político que esa decisión pueda desencadenar. Este “divorcio a medias” donde el Estado se encuentra como juez y parte, genera conflictos y efectos disruptivos en el ambiente competitivo de la industria y se vuelve un lastre costoso para las arcas del gobierno. Como dice el refrán: “después de la batalla, todos somos generales” y por tanto es fácil sugerir lo que se debió hacer en su momento. 

Lo que queda claro es que el pueblo colombiano estaría mejor hoy si los fondos utilizados en mantener la participación en un activo compartido por los últimos 10 años, se hubieran invertido de manera diferente (¡ en acciones de Google, Facebook o Amazon, por ejemplo !).