Hace unos días fue noticia en Colombia, el caso de la periodista Claudia Morales, quien decidió cerrar su cuenta en Twitter debido a los constantes abusos, insultos y el llamado “matoneo” del que presuntamente ha sido víctima recientemente. Algunos días más tarde, esta vez en el Reino Unido, la activista británica Caroline Criado-Pérez, fue víctima de un ataque virtual a través de la red social Twitter cargado de insultos y amenazas de violación, con un nivel de sadismo, detalle y calumnia escalofriantes. El ataque a la señora Criado-Pérez está relacionado con la campaña que ella encabeza para que en los billetes de 10 libras esterlinas se reemplace la foto de Charles Darwin por la de la escritora Jane Austen, autora de obras como “Orgullo y Prejuicio”, con el objetivo de dar reconocimiento a una mujer a través de este medio.
A diferencia de la periodista colombiana, en lugar de clausurar su cuenta, la señora Criado-Pérez utilizo el mismo carácter viral de la red social para contarle al mundo el acoso que estaba sufriendo y generar un movimiento mundial que hizo una petición formal a Twitter para que tome medidas en contra de este tipo de abusos. La compañía finalmente ha emitido un comunicado en su página corporativa en la que se compromete a tomar cartas en el asunto creando un sistema de reporte sencillo y rápido al alcance de todos sus usuarios. Este primer paso hacia la creación de un código de conducta, establece un mecanismo que permite a quien es insultado, amenazado o se siente víctima de acoso, reportarlo de manera formal.
Como era de esperarse, algunos librepensadores no están de acuerdo con este tipo de medidas y las ven como un principio de censura que estaría en contraposición con el concepto de que las redes sociales como Twitter son medios de comunicación con una agenda o una plataforma abierta en la que cualquier persona -con cualquier ideología- puede expresar lo que piensa libremente. Por un lado, no tiene sentido que una compañía que administra una plataforma tecnológica se involucre en el control de las expresiones y opiniones de sus miembros, por otro lado, al igual que ocurre en el mundo real, un insulto público así como una amenaza contra el bienestar o la vida de una persona, pueden ser judicializadas a través de figuras como la difamación, volviéndolas competencia de los fiscales y jueces. No estamos lejos de empezar a ver el nacimiento de proyectos legislativos como el que aprobó recientemente el Congreso de Nuevo León, en México, que castiga hasta con tres años de prisión el matoneo virtual, equiparando el delito y su castigo al de la difamación en medios de comunicación públicos.
Otro territorio donde las redes sociales se han convertido en canales fértiles para el matoneo y el abuso es el de los niños y adolescentes en edad escolar, donde cada día se presentan más denuncias sobre el uso indebido que se da a estos medios para el maltrato emocional y psicológico. La facilidad con que se pueden abrir cuentas y perfiles falsos en redes como Twitter y Facebook, las cuales son utilizadas como conductos para el abuso, así como el carácter anónimo de los atacantes y la permanencia del elemento de acoso en las redes sociales (contrario a lo que pasa en los entornos físicos), hace que los efectos de este tipo de conductas puedan en ciertos casos ser incluso más severos que las del matoneo físico. Estos factores se suman con la forma en que la red permite la divulgación masiva de la información que se publica en ella, haciendo que el acoso se difunda rápidamente a una comunidad entera más allá de los confines de un aula o una institución escolar.
No es difícil de predecir que existen muchos componentes sociales y políticos que se pueden mezclar para que este tema se convierta en una bomba de tiempo, cuyo catalizador es la tecnología y la conectividad que va en constante ascenso.
