Vigilar y castigar

Al estilo del filósofo francés Michel Foucault, el Gobierno, con el nuevo régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de mercancías, se ha convertido en una especie de panóptico que observa todo desde lo alto para vigilar y castigar, desconociendo las necesidades reales de las empresas ligadas al comercio exterior en nuestro país.

Al adentrarnos en los puntos esenciales de la norma, vemos que es más de lo mismo. Esperábamos un régimen más moderno y más simple, pero lo que genera es desilusión. Desde el gremio, les presentamos 25 propuestas y ninguna fue recogida en el decreto, que va a entrar en vigencia el próximo 9 de junio.

Conceptos clave como proporcionalidad, equidad y justicia no hacen parte del régimen, porque se contempla una sanción tipo en blanco, que es una carta abierta y abre el camino para sancionar por esta vía lo que ni siquiera está definido. Además, las causales de aprehensión pasan de 45 a 48, en vez de disminuir.

Hemos visto cómo el Gobierno se ha encargado de reiterar que hay una voluntad política de querer avanzar en la internacionalización de las empresas, junto con una estrategia de reindustrialización, sin embargo, las reglas de juego aduaneras son un freno y un obstáculo para el crecimiento de las exportaciones y el comercio exterior.

La sanción que más preocupa es la del uso indebido del servicio informático, al saber que el servicio informático aduanero es una antítesis y un oxímoron de lo que quería la diosa Bachué, con un pueblo indígena fuerte y avanzado para su época como los muiscas; acá es al contrario. Ese sistema es todo menos fuerte, ágil y moderno para lo que nos exige la globalización del siglo XXI.

Si nos detenemos a analizar el periodo 2017 a 2021, vemos que disminuyen los expedientes abiertos por la aduana, pero aumentan los valores de sanción, al llegar casi a $600.000 millones durante 2021. Por lo cual ya vemos una tendencia de convertir esto en un rubro de recaudo y va en detrimento de la naturaleza aduanera, la cual se desdibuja frente al afán de cobrar.

Sobresale que se está metiendo a los empresarios en la misma bolsa de la de los contrabandistas y no se distingue la gravedad de la falta. Se rompe esa especie de contrato social y empresarial de las empresas con el

Estado, en cuanto se le dan facultades a cambio de una definición y puesta en marcha de unas reglas, pero si esto último es arbitrario, la esencia de esta relación se esfuma. Recordemos que, a finales de 2021, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de mercancías.

Esto significa que la norma es contraria a la Constitución Política y por tanto debe retirarse del ordenamiento jurídico. Para evitar una situación de incertidumbre en las operaciones de comercio exterior, la Corte mantuvo la actual legislación, pero le ordenó al Congreso expedir una nueva ley antes del 20 de junio de 2023.

Reiteramos nuestra disposición a trabajar en la propuesta del Gobierno de pasar de una economía extractivista a una con mayor diversificación y una presencia de nuestros productos con valor agregado en los mercados internacionales y, por ello, insistimos en un régimen aduanero y sancionatorio más simple y equitativo, que brinde certeza jurídica.