Colombia y los fantasmas del pasado

Mientras Miguel Uribe se dirime entre la vida y la muerte, la sociedad trata de asimilar el golpe. Las vigilias y plegarias colectivas se suceden unas a otras. Los otros precandidatos pusieron sus campañas en pausa y la “Marcha del Silencio” del domingo contó con masivas adhesiones en todo el país. En las redes sociales, #FuerzaMiguel es una oración que se propaga.

Queda un país abrumado por lo que este intento de magnicidio evoca. Treinta y cinco años atrás Colombia era un Estado fallido. No controlaba vastas porciones del territorio y no tenía el monopolio de la fuerza. La guerrilla y el narcotráfico, y la guerrilla luego convertida en narcotráfico, competían por la soberanía con ese Estado. El homicidio de un candidato era noticia frecuente, el secuestro un hecho casi rutinario.

A partir del Plan Colombia, el país experimentó un proceso de reconstrucción institucional con el fortalecimiento de las fuerzas militares. El accionar de los grupos armados disminuyó y los cultivos se redujeron. Se robusteció la autoridad estatal, aumentó la seguridad y se forjaron consensos.

Fueron efímeros. El plan de paz de Santos los erosionó. El lenguaje era de paz y reconciliación, pero las Farc continuaban con acciones terroristas. Era un acuerdo sin buena fe; el plebiscito lo rechazó. No obstante, el gobierno lo firmó.

Las Farc siempre lucharon con el objetivo de eliminar a una elite que controla las instituciones del Estado. Derrotadas militarmente y desacreditadas ante la sociedad, la paradoja es que tuvieron más éxito alrededor de una mesa conversando sobre la paz. Pues la elite política se polarizó y se dividió con mayor profundidad a partir de esa mesa.

Con el acuerdo se extendieron los cultivos de coca, recreando incentivos conducentes a la ilegalidad. Ello hizo a Colombia más insegura y a la paz, esquiva. Desafortunadamente, Petro ha alejado esa paz aún más. Su retórica agresiva, como si la Presidencia fuera la ocasión de una revancha, no ayuda. Menos ayudan sus decisiones, como exonerar 52 generales en el sexto día de su gobierno.

Lógicamente, el país es hoy más violento que al asumir la Presidencia. El accionar de grupos armados es noticia cotidiana. La prensa internacional se refirió a la violencia en el Catatumbo como “una guerra”. Guerra por recursos entre fracciones de la guerrilla, ciertamente, recursos ilícitos.

En este contexto, y aún después del atentado contra Miguel Uribe, el Presidente continúa intransigente. Su proyecto de reforma laboral fue devuelto por el Senado con enmiendas, al que Petro calificó como una “versión descafeinada”. Pues de eso trata la democracia, un diseño institucional capaz de descafeinar la política.

El Presidente insiste con el llamado a una consulta que el Senado no aprobó. El problema es que ese mismo diseño, llamado Constitución, establece que la convocatoria a consulta popular requiere concepto previo favorable del Senado.

Se llama separación e independencia de los poderes públicos. Así funciona la democracia, requisito de una sociedad en paz. Apartarse de ellos también evoca los fantasmas del pasado.