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Iván Duque sugirió establecer una institución que cobije a todas las altas cortes actuales. Cada conjunto de magistrados sería una sala. No se ha especificado si las demás estarían subordinadas a la sala constitucional en materia de jurisprudencia, de manera armónica con la jerarquía relativa de los diversos tipos de normas positivas.
No es claro que el cobertizo aporte las soluciones necesarias en calidad y oportunidad de la justicia. Tampoco queda claro cómo se conformarían las salas, asunto central porque es preciso construir un sistema judicial efectivamente independiente, como el resultante de la cooptación que funcionó en Colombia durante el siglo veinte, con capacidad para trabajar de manera coordinada con el gobierno de turno en lo que sea pertinente.
No se ha especificado el compromiso con la modernización de las herramientas para el control de los procesos. Lo más extraño, sin embargo, es que no se cuestiona por qué el responsable de la calidad de las normas, que es el Congreso de la República, no ha abordado de manera efectiva el reto de reformar la justicia, dado que el país rechaza la corrupción que la ha manchado.
La responsabilidad, en últimas, de que el Estado no haga ni medianamente sus tareas esenciales, es de todos nosotros. Hemos optado de manera complaciente por delegar en los políticos profesionales y los gobernantes de turno la tarea de lo público, que debe comprometer a la ciudadanía entera. Sin buenos procesos en lo más básico no habrá estabilidad en logros en los demás frentes, con riesgo para el bienestar general de la comunidad. Incluso toleramos conductas irrespetuosas de nuestro marco normativo en grado sumo.
Así, hemos aceptado que el Gobierno de Santos, al caer en la cuenta de que su reforma constitucional a la justicia, impulsada por el entonces Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, con el apoyo del entonces Ministerio del Interior, a cargo de Germán Vargas y Federico Renjifo, había sido contaminada por elementos inaceptables durante el proceso de aprobación, optó por no publicarla, pese a haber cumplido todos los pasos pertinentes, y no ponerla en práctica.
No es posible arreglar la justicia sin enderezar los procesos básicos del legislador. El mundo cambia, y el marco normativo debe evolucionar con él. Por supuesto, tener buenas normas generales no basta para tener buenos jueces: hay que acertar en la selección, la capacitación permanente y la evaluación del desempeño.
Además no hay solución perfecta: son inevitables el error y la obsolescencia de la interpretación. Por esta misma razón se debe establecer el principio de mesura en los alcances de las sentencias: el juez no debe asumir el papel del legislador, ni gravar lo público en exceso para beneficiar a particulares.
La carrera judicial debe ser una vocación para toda la vida, de manera que se evite el problema de conflicto potencial de intereses para quien ocupe el estrado judicial; nuestra Constitución hoy lo promueve al fijar límite al término en la cúspide de la rama judicial.
Más allá de lo institucional, la justicia es valor fundamental de la sociedad, pero expuesto a la erosión si no se hace el mantenimiento apropiado. El punto de partida es la conducta del gobernante de turno, referente para toda la sociedad. Le corresponde mirarse al espejo antes de hablar con los conciudadanos.
