Servicios de salud

La salud es concepto elusivo: no existe equilibrio estático en la vida de los animales, por lo cual no es fácil establecer diferencias entre lo más apropiado y la realidad. El cuerpo tiene mecanismos para anunciar desviaciones: dolor, fiebre, emisión inusual o desmedida de fluidos. Muchas enfermedades no se detectan con facilidad; el cáncer a veces solo se manifiesta cuando no hay remedio. Sin embargo, hay reglas que facilitan el disfrute del cuerpo. La combinación de vida afectiva grata, aseo, ejercicio corporal sistemático y alimentación balanceada en proporciones acertadas reduce el riesgo de enfermedades. Facilitarla desde la primera infancia y según el momento debe ser asunto central de políticas públicas. El beneficio es doble, pues el acierto facilita el logro de felicidad personal y ahorra recursos de todos. Hoy la necesidad de atender expectativas de toda la población en forma solidaria obliga a diseñar instituciones efectivas para proveer servicios de salud en todo el mundo.

La población asegurada en Colombia antes de la puesta en práctica de la ley que estableció la seguridad social integral (Ley 100 de 1993) se limitaba a los afiliados al Instituto de Seguro Social y a la Caja Nacional de Previsión. Quienes podían pagar tenían servicios adecuados. La mayoría de los asuntos se atendía en hospitales públicos y en entidades de caridad. El sistema hoy ofrece servicio a toda la población con el respaldo de profesionales idóneos. El diseño de procesos involucra EPS, entidades cuya tarea es promover la vida sana y prevenir enfermedades que compiten por la lealtad de afiliados con sus servicios. Ellas contratan con IPS, instituciones prestadoras de servicios, públicas y privadas con y sin ánimo de lucro.

La trayectoria ha sido compleja. Así, los modelos suponían limitado número de EPS, menos de 10, y llegó a haber 10 veces ese número, muchas sin tamaño suficiente para tener la red necesaria de servicios básicos. El sistema discriminaba entre quienes aportan una proporción de sus ingresos para financiarlo (régimen contributivo) y a los trabajadores informales y sus vinculados (régimen subsidiado); la Corte Constitucional corrigió esta irregularidad en lo formal, pero en la práctica subsiste. Las reglas para gestión no son adecuadas, y las prácticas de la Superintendencia de Salud para intervención ante problemas administrativos o financieros son pésimas. El alcance del Plan Obligatorio es indeterminado porque las sentencias por procesos judiciales de tutela del derecho fundamental a la salud, en cantidad colosal y sin reglas rigurosas, desbordan las definiciones. Las EPS centran su atención en recaudar del Estado. No hay sistema único de información que facilite el acceso a las historias clínicas de cualquier paciente en cualquier IPS, ni gestión aceptable para programación de servicios, lo que conlleva pérdida de tiempo innecesaria y costosa para los usuarios.

La población está insatisfecha con el sistema, pero el balance objetivo es muy positivo: el costo es razonable como proporción del PIB y los indicadores de morbilidad y mortalidad se acercan a los de países desarrollados. Esta realidad contrasta con la del sistema público de ayer, al que políticos irresponsables proponen regresar. Es evidente el espacio para arreglar lo existente con estrategia ordenada y audaz, y es necesario hacerlo para que la población valore los beneficios.