Recetas contra la corrupción

Es fácil usar recursos públicos en forma indebida, en beneficio de intereses particulares.

Es difícil erradicar la corrupción, pero se debe procurar reducirla a sus justas proporciones, como alguna vez propuso Julio César Turbay. La tarea es titánica: requiere revisar los procesos establecidos para celebrar todo tipo de contratos: laborales, de prestación de servicios, de ejecución de infraestructura, de compras, de concesión y demás. Más allá, solo es eficaz si las reglas básicas del país y la ética que las impulsa son consistentes con el propósito. El Estado colombiano tiene un legislador muy mediocre y una justicia lenta y poco eficaz, situación que obliga a evaluar si son adecuadas la formación del cuerpo que hace las reglas y la del que juzga las conductas frente a las reglas. El examen de la realidad llevaría a concluir que hay serias deficiencias. Por consiguiente, es preciso revisar la Carta para al menos lograr que el Congreso sea idóneo. Quizá lo más grave es la financiación de las campañas políticas en la práctica a cargo de cada aspirante; la devolución de dinero según el número de votos y la admisión de estrategias y herramientas de mercadeo y publicidad propios del consumo masivo para formular y divulgar propuestas hacen improbable el resultado deseado: el triunfo del interés general según los principios del Estado Social de Derecho.

Para enderezar las cosas es necesario tener partidos políticos como canales únicos de propuestas, mecanismos de divulgación con formatos normalizados y financiación exclusiva de lo público. La lógica de ordenar los procesos de comunicación es la misma del modelo único de contratación de obra impulsado por los gremios de la construcción a lo largo de los años, con algún éxito: la claridad en temas de interés general aumenta cuando todos los aspirantes a la calidad de contratista de lo público deben ceñirse a lo definido con anterioridad.

El sistema político colombiano tiene serias deficiencias en control. Es preciso corregirlas. Toda solución debe atender las necesidades de descentralización, pero también la sujeción a reglas universales para formular, aprobar, ejecutar y registrar. Paso obligado es el ordenamiento territorial: la geografía política del país está fundamentada en municipios cuyos alcaldes son autónomos incluso en materia de seguridad, salubridad y tranquilidad, sin la articulación apropiada con otros municipios de la respectiva región para formular estrategias con base en ventajas comparativas relativas, ni con el gobierno central para la asignación racional de recursos con criterios claros. La atención a estos asuntos también exige revisar la Carta.

El gobierno central debe tener diseño adecuado para la construcción de valores en la gestión pública; este propósito requiere revisar a fondo las reglas para la educación pública y trabajar en forma articulada con la justicia para impulsar conductas deseables y reprimir las indeseables. Lo existente es desbordado y, por ende, inaceptable, sobre todo en algunos ámbitos municipales y departamentales. El Estado debe ser fuente de valores para la convivencia y no oportunidad para el enriquecimiento de particulares con pretextos de beneficio general. El diseño de procesos acertados para tomar decisiones y ponerlas en práctica es el camino necesario. Diseñar no es tarea de retórica sino de creatividad y rigor, con sujeción a procedimientos inteligentes.