Pobreza y Estado

Colombia es país de ingresos medios - US$6.000 por habitante por año. Sin embargo, tiene elevada proporción de la población pobre, más de 30%, y distribución del ingreso muy desigual. Hay varias causas, relacionadas entre sí. La primera es baja productividad, La segunda es deficiente articulación entre gobierno central y regiones, por geografía política mal planteada y reglas inapropiadas para la asignación de recursos discrecionales. La tercera es diseño deficiente de procesos públicos básicos, que promueve corrupción y desperdicio.

La baja productividad, menos de US$10 de valor agregado por hora trabajada, o un tercio de Chile y la mitad de México, refleja la protección no arancelaria para las cadenas productivas y la elevada informalidad laboral, más de la mitad de la población activa en la economía. La mitad de las exportaciones son petróleo, sin ser país petrolero. Urge invertir más y mejor en infraestructura desmontar protecciones excesivas, y reducir los sobrecostos de la formalidad, para impulsar el uso eficiente de recursos escasos.

La desarticulación entre gobierno central y regiones es reflejo del pasado: desde la independencia hubo pugna entre centralismo, que convenía a Bogotá, y federalismo, que convenía a algunas regiones de la periferia. El asunto se resolvió con centralización en la Constitución de 1886. El temor a nuevas guerras civiles tras la de 1899-1902 promovió a principios del siglo 20 la fractura de las unidades territoriales heredadas de la Constitución de Rionegro (1861). El poder fiscal del gobierno central aumentó en la Carta de 1991, pese a intención en contrario. El excesivo número de departamentos y la municipalización de la redistribución de ingresos corrientes establecidos en la Carta no inducen interacción efectiva entre lo público y lo privado en el ámbito de las regiones, para aprovechar oportunidades y asignar recursos con eficiencia de parte y parte.

El Estado, que suma 30% de la economía, tiene pésimos procesos. no se ejerce el monopolio de la fuerza; el legislador es muy deficiente y laxo; no hay verdaderos partidos políticos; la justicia es ineficaz y está politizada; la tarea de control está centrada en entes externas a la administración, lo cual es inefectivo; la planeación es estática, discontinua y de corto plazo; el sistema no facilita crítica efectiva; el estatuto tributario está lleno de excepciones. La erosión ética es evidente.

Se podría crecer 8% por año durante cinco años según estimación de Fedesarrollo, si se abordaran los asuntos enunciados con acierto. Hay factores positivos: el país tiene estabilidad fiscal y monetaria. El ingreso puede crecer rápido de manera sostenida, con lo cual aumentaría en forma significativa el valor del trabajo, la pobreza bajaría a menos de 10%, y cabrían subsidios sostenibles con foco acertado.

Si bien la distribución de la propiedad de la tierra no es equitativa, la participación del agro en el producto interno bruto y el empleo en los países desarrollados es baja. El crecimiento rápido aceleraría el proceso de urbanización y la seguridad rural facilitaría la agricultura de valor agregado en predios pequeños, intensiva en mano de obra calificada.

Para el largo plazo, no habrá futuro próspero con la pésima calidad de la educación pública. Hoy la fuente principal de valor hoy es el conocimiento. Hay cartas en la mesa.