La calidad del gasto público

El gasto público es la suma de lo dedicado al funcionamiento, que incluye una proporción inflexible bajo el esquema político establecido, y la inversión en activos con impacto en el futuro. Se financia con ingresos provenientes de impuestos, rendimientos provenientes de inversiones y deuda.

El servicio de la deuda puede asfixiar la gestión. Reprogramar plazos solo es efectivo si la calidad de la gestión es acertada a juicio de la comunidad financiera, que respalda las emisiones de bonos, fuente habitual de recursos.

Astrid Martínez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia, ha revelado que la deuda pública en la actualidad equivale a 60% del Producto Interno Bruto del país, en tanto que durante las dos décadas anteriores al covid-19 era del orden de 40%.

Las estimaciones del Comité apuntan que el crecimiento de la economía del orden de 4%, superior en un punto al previsto, de menos de 3%, permitiría que ese nivel de endeudamiento fuera más o menos tolerable. De lo contrario, en 10 años la deuda excedería 90% del Producto Interno Bruto.

Los niveles altos de deuda no son solo de Colombia. Países desarrollados -Bélgica, Canadá, EE.UU., España, Grecia, Italia - todos tienen deuda superior al Producto Interno Bruto, y limitadas perspectivas de crecimiento económico. La deuda pública de Japón dobla el Producto Interno Bruto y la economía de ese país enfrenta las consecuencias de envejecimiento masivo de la población por aumento en la expectativa de vida sin extensión de la vida productiva y reducción de la tasa de natalidad. Cabe anotar que el mundo entero enfrenta perspectiva similar.

Objetivos políticos de corto plazo y la tendencia natural a la burocratización generan gasto público de discutible calidad, sin beneficio en el futuro, pero se refleja en consumo y, por ende, en ingreso del año en curso.

Desde hace más de medio siglo, Occidente busca reducir la jornada laboral y más tiempo para recreación y turismo. Ese propósito es inadecuado: la automatización creciente obliga a impulsar una educación pública diferente, con más foco en lo vocacional y tecnológico, y cobertura universal durante toda la vida productiva, para lograr razonable expectativa de remuneración laboral. En Latinoamérica la educación preescolar, básica y media deberá mejorarse, con grandes cambios en la gestión del asunto en toda la región.

Para aumentar la productividad, y con ella el ingreso, para poder atender las consecuencias de la automatización, el envejecimiento y el deterioro ambiental, se debe rehacer lo público en todas partes.

En Colombia, sin partidos de verdad para canalizar propuestas, sin reglas adecuadas para financiar campañas, con régimen presidencial, que concentra exceso de autoridad y responsabilidad en una sola persona, y con mala articulación entre gobierno central y regiones, la tarea será épica, pero no hacerla traería estancamiento, fisuras sociales, subsidios insostenibles, endeudamiento público hasta la coronilla y perpetuación de la pobreza.

Doblar el ingreso por habitante, de US$7.000 por año, un décimo del americano, exigirá tres décadas con las reglas actuales. Eso es inaceptable. Arreglar el sistema político permitiría crecer hasta 8% por año, sería más fácil que convivir con lo existente, y facilitaría consolidar respeto y solidaridad como valores propios del Estado Social de Derecho. No se puede evadir la tarea.