Justicia: problemas y soluciones

La justicia cojea. Los procesos duran demasiado. Con frecuencia la corrupción incide en el contenido de las sentencias. No hay herramientas adecuadas para establecer los hechos con apoyo de la ciencia y la tecnología, ni para hacer los procesos más eficientes. No tienen sentido ruedas de prensa para anunciar sentencias, en algunos casos sin terminar al hacer la divulgación. El desprestigio generalizado de los jueces hasta el más alto nivel salpica a los virtuosos. Las instituciones judiciales de Colombia obligan a la reflexión de todos los colombianos. La tarea no se limita a recuperar reputación perdida mediante la invitación a la buena conducta de quienes conforman la rama judicial.

Es necesario enderezar las definiciones fundamentales: se debe reconocer la prelación de la Corte Constitucional sobre las demás en materia jurisprudenciales pero también acotar su ámbito para evitar que asuma responsabilidades de carácter legislativo, hacer vitalicio el servicio en las altas cortes en general, revisar el proceso de nombramiento en general y suprimir la injerencia de otras instancias judiciales en el nombramiento de la Corte Constitucional.

La justicia debe trabajar en relación muy estrecha con la administración pública, responsable por el ejercicio del poder de policía, y dotada de recursos importantes para apoyar la investigación y la gestión. La tarea de juzgar no se debe perturbar por asuntos administrativos diferentes de las tareas disciplinarias propias de cualquier institución.

De otra parte, hay que revisar las calificaciones profesionales necesarias para el servicio judicial, los procesos de selección, contratación, evaluación y remuneración en todas las instancias, los estándares de desempeño y los indicadores de productividad y calidad, las herramientas de apoyo y los mecanismos de capacitación permanente para todas las personas vinculadas.

También es preciso adelantar los proyectos pertinentes para hacer uso pleno de las herramientas cibernéticas. Este trabajo debe ser permanente, porque el mundo entero está sujeto a cambios en las formas y criterios usados para ordenar las cosas. También para este propósito debe haber articulación efectiva con el poder ejecutivo.

Para redondear, se deben promover valores consistentes con los propósitos de la tarea judicial. La rama debe estar conformada por personas comprometidas con el propósito exclusivo de servir a la sociedad con aportes del más alto nivel profesional. Como corolario, debe establecerse un código de conducta muy exigente para sus servidores.

No sobra revisar la existencia de la Procuraduría, producto de negociación en 1991. Muchas funciones asignadas en el marco constitucional anterior fueron asumidas por la Fiscalía. En cambio, administrar el régimen disciplinario debe corresponder, por principio, a los jefes de la persona cuya conducta es motivo de revisión, y la creación de la Agencia Nacional para la Defensa del Interés Jurídico del Estado protege el interés institucional de lo público en los procesos judiciales. La Procuraduría es, por diseño, rueda suelta de baja productividad en la que se desperdicia talento y se cultivan imagen y nexos.

Sin justicia no hay sociedad sostenible. El diseño constitucional, legal y administrativo para la gestión de quienes tienen la responsabilidad de proveerla requiere revisión. El legislador debe actuar rápido.