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El gobierno en la economía

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En economías abiertas la mala gestión pública puede hacer mucho daño, pero el conjunto de políticas fiscales y monetarias, clave para los resultados de corto plazo con los cuales se juzga a los gobiernos, no basta. Para el crecimiento sostenido son decisivos la calidad de la educación, la infraestructura y la confianza que inspire la institucionalidad.

En los tres capítulos el país tiene malas notas. La integración de Colombia a la economía mundial es muy reciente y ha sido perturbada por desperdicio fiscal, sobre todo desde la Constitución de 1991, buena en propósitos y mala en procesos.

Durante la primera mitad del siglo XX Colombia dependió del café, con efectos positivos en la construcción de una base amplia de pequeños propietarios, pero con la volatilidad propia de economías vinculadas a los precios de productos primarios.

Para diversificar la economía hubo protección a la producción nacional durante los gobiernos del Frente Nacional, pero las limitaciones de liquidez internacional obligaron a aceptar hacia finales de los años ochenta, en medio de la crisis de la deuda internacional, que era preciso abrirse al mundo.

El cambio se hizo en forma rápida, pero el desorden institucional impidió que el aumento del gasto público se reflejara en productividad, como debería haber sido el caso. La ineficacia del Estado llevó a que las guerrillas llegaran a controlar más de la mitad del territorio nacional. El gobierno de Álvaro Uribe redujo el área donde las Farc administraban justicia.

Fue decisiva la ayuda de EE.UU., conseguida por Andrés Pastrana, como elemento en la guerra de ese país contra las drogas, pues la coca ha sido por 40 años muy importante en la periferia de Colombia. Sin embargo, no se avanzó lo necesario en educación, donde la relación patológica entre el Ministerio y Fecode sigue vigente, e infraestructura, donde el rezago en el concierto latinoamericano es evidente.

La institucionalidad continuó su erosión, y los propósitos de diversificación se estancaron con el fortalecimiento de la moneda, sin fundamento en aumento de la productividad frente a la de otros países. El auge del petróleo desembocó en mayor deterioro de la calidad del gasto público; los dineros que llegaron con el precio extraordinario vigente entre 2010 y 2014 no incidieron, como habría sido de esperar, en la distribución del ingreso, asunto angustioso cuya mejora en los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos fue modesta.

Hoy la informalidad todavía suma la mitad de la población activa y la economía depende del precio del petróleo: una caída abrupta, posible si el cartel de la Opep se fracturara, podría desembocar en retroceso en el angustiante frente de la desigualdad.

La administración de Iván Duque acertará si impulsa una economía más diversa, con cimientos sólidos, y sostenible desde las perspectivas social y ambiental. La orientación debe ser a largo plazo, con foco en la educación pertinente según las ventajas comparativas de cada ciudad región, y provisión de infraestructura necesaria para un sistema económico eficiente.

La guerra contra la corrupción enfrentará los obstáculos tallados en la constitución y la ley. Por ende, urge rediseñar el Estado. Se requiere un legislador eficaz y justicia proba y eficiente para que las instituciones faciliten el camino a la prosperidad. La tarea es enorme y el tiempo es limitado.

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