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La demanda por cocaína en los países desarrollados desde hace medio siglo ha tenido impacto de dimensión catastrófica en Colombia. Desde los 70 del siglo pasado el narcotráfico corrompió instituciones públicas, robusteció grupos rebeldes, promovió el paramilitarismo y alimentó delincuencia. El frágil ordenamiento institucional facilitó la formación de carteles nacionales, primero con insumos importados y luego con cultivo de variedades de alta productividad en el país. Pablo Escobar fue congresista en 1982.
La toma del palacio de justicia en 1985, producto de alianza entre el cartel de Medellín y el M-19, desembocó en la muerte de los magistrados de la Corte Suprema. El asesinato en 1989 de Luis Carlos Galán, aspirante casi seguro para ganar las elecciones presidenciales de 1990, impulsó al gobierno de Virgilio Barco a declarar guerra contra el narcotráfico. El enemigo respondió con artefactos explosivos poderosos. Después la mafia criolla incidió en la supresión de la extradición en la Asamblea Constituyente de 1991 y en las elecciones presidenciales de 1994. El Estado finalmente derrotó en los 90 a los cabecillas de los carteles de Medellín y Cali.
La formación de poderosos carteles en México cambió el escenario desde finales de los 90. El de Sinaloa ha sido el mayor canalizador de cocaína colombiana hacia EE.UU. Mafiosos rusos lavan el dinero en el sur de Florida, según estableció el profesor Bruce Bagley, de la Universidad de Miami, con procedimientos discutibles por los que enfrenta proceso penal en su país. Los criminales rusos, a su vez, reexportan la cocaína a África Occidental, y de ahí la pasan a Europa.
Los mecanismos establecidos para prevenir el lavado de activos no han sido eficaces, quizá por temor de las autoridades del mundo desarrollado a erosionar la confianza del público en las entidades financieras.
La cocaína ha prosperado porque hay consumidores dispuestos a pagar los precios altos fruto de la prohibición, con los cuales se financia toda la cadena de valor. Para reducir la cantidad ofrecida al mercado es más eficiente controlar la transformación en laboratorios que combatir la siembra. Además es necesario mejorar en la periferia los servicios de seguridad y educación, e impulsar un buen servicio judicial para dirimir conflictos. Es importante invertir en vías terciarias y apoyar la pequeña agricultura con paquete tecnológico y vehículos cooperativos para maquinaria y comercialización de productos, con foco en cadenas de alto valor agregado. El conjunto de tareas enunciado no es fácil en Colombia, con instituciones públicas básicas ineficaces y articulación deficiente entre gobierno central y regiones.
Merece atención la propuesta de contratar un equipo multidisciplinario de académicos americanos de centro derecha, orientación que evitaría suspicacias políticas, con el fin de evaluar los costos y beneficios de la prohibición acá y allá. Sería necesario ejecutar estrategias para divulgar conclusiones y recomendaciones con ámbito global.
El precedente de la prohibición de bebidas embriagantes en EE.UU. entre 1920 y 1933, que impulsó el fortalecimiento de las mafias italianas en las ciudades del nordeste de ese país y en Chicago, es motivo de reflexión. Los asuntos sanitarios no se resuelven con penalización a expensas de comunidades frágiles. No en vano el estado de Oregon ya legalizó la cocaína. Es preciso actuar.
