Calificar el riesgo de instrumentos y emisores inscritos en el mercado público de valores es tarea de enorme responsabilidad: significa emitir juicio sobre la probabilidad de que el rendimiento de los instrumentos de renta fija o variable se materialicen.

Los elementos involucrados son complejos: para las empresas se evalúan riesgos en estrategia y gestión, que se reflejan en indicadores asociados a la relación entre deuda y generación probable de efectivo; para los países el asunto es aún más difícil, pues se debe evaluar no solo la relación entre deuda e ingreso, sino las perspectivas de la economía y las finanzas públicas.

Si no hay crecimiento del ingreso o si hay perspectivas difíciles de movilizar los recursos necesarios para asegurar el pago de la deuda mediante impuestos u otras rentas, la calificación puede bajar.

Se consideran grado inversión los instrumentos calificados entre AAA y BBB- en la nomenclatura de la calificadora Standard & Poor’s, quizá la más utilizada, aunque también tienen sus sistemas Moody’s y Fitch. Esta calificación es importante porque muchos inversionistas institucionales no compran papeles cuya calificación no sea grado inversión.

La calificación de riesgo quedó mal parada en la gran recesión mundial de 2007-2008, porque grandes bancos de todo el mundo emitieron títulos valores con paquetes de pagarés con respaldo hipotecario y lograron que las agencias calificadoras los vieran con buenos ojos al sacarlos de sus balances, bajo la premisa de que los riesgos de los distintos segmentos del mercado inmobiliario no tenían relación alguna; acto seguido, las tesorerías de los unos compraron los instrumentos de deuda escindidos de los balances de los otros, y viceversa.

Al saturarse el mercado inmobiliario, las garantías perdieron valor, y al estancarse la economía y caer los ingresos, el pago de las deudas se fue a pique y, como consecuencia, la solvencia de bancos y de algunas importantes aseguradoras. La economía mundial no colapsó porque los bancos centrales de Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón optaron por políticas monetarias laxas en forma coordinada con sus autoridades fiscales, y compraron instrumentos de deuda pública en cantidades sin precedentes: el aumento del gasto de los gobiernos, incluidas inversiones en rescate del sector financiero, evitó el colapso.

La desmesura en la deuda pública tiene implicaciones éticas: reduce la capacidad para invertir en salud, educación, infraestructura y construcción de conocimiento a generaciones futuras. La época en que la instituciones públicas eran gasto necesario de escaso impacto en el crecimiento futuro se acabó.

Hoy el gasto público tiene papel decisivo en la construcción de sociedades prósperas y sostenibles, por lo cual es importante asegurar su calidad. Colombia está en el filo de la navaja, pues la deuda del gobierno está calificada como BBB-, pero su aparato es, en general, disfuncional, sus perspectivas de crecimiento de largo plazo, como las de casi toda Latinoamérica, son modestas, y su deuda tendrá que subir en cantidad significativa para atender las consecuencias de la emergencia sanitaria y su efecto devastador en la economía. La mejor solución es enfrentar el reto de arreglar los procesos públicos, para que le permitan al Estado ser factor positivo, y no obstáculo, en el crecimiento y la mejora en distribución del ingreso.