Narcotráfico y desigualdad son cánceres para Colombia. Enfrentarlos requiere cambiar los procesos y la estructura de lo público para construir un Estado eficaz, que cumpla sus propósitos y no inhiba el desarrollo social y económico. Se debe revisar lo existente en lo básico: cómo se forman y operan el legislador, la justicia y la administración. La Constitución es inconsistente y promueve la corrupción. Hay que fijar criterios: debe haber verdaderos partidos políticos, con programas serios sobre los asuntos más relevantes. No tiene sentido continuar en el siglo 21 con el régimen presidencial; por el contrario, debe haber cúpula administrativa pluripersonal, designada por el legislador, y esa junta debe nombrar y dirigir a quien lidere la gestión, cuya responsabilidad y autoridad deben delimitarse con claridad. La corte constitucional debe ser la máxima instancia, y el servicio judicial tarea vitalicia, pero con evaluación sistemática de desempeño.

Es necesario precisar el alcance de las normas penales especiales para las comunidades indoamericanas, de manera que se respeten los derechos humanos, y prever la vinculación de otros países a nuestro ordenamiento, con independencia en lo penal y en los derechos sobre el subsuelo. Debe haber correspondencia entre la estructura administrativa nacional y las regionales y municipales. Cada ciudad y región debe formular su plan de desarrollo a 20 años, que debe actualizarse cada año, como fruto de diálogo entre empresarios, administradores y sociedad civil, con base en ventajas comparativas relativas. El plan nacional debe ordenar y complementar las inversiones requeridas para materializar los planes de las ciudades y las regiones. Los equipos primarios deben limitarse a diez personas para facilitar la planificación y ejecución de tareas en equipo.

La revisión de la Constitución es tarea central. Se debe precisar qué artículos no corresponden a una constitución por cobijar temas para ley especial u ordinaria o acto administrativo, o por inconsistentes con otros más importantes. Luego se debe revisar la consistencia de lo restante con el propósito de construir el Estado Social de Derecho y la necesidad de acertar en el diseño de procesos básicos y estructura, para rehacerlo todo. La redacción de la nueva Carta debe ser sintética y, al tiempo, sencilla, para que la entienda el grueso de los ciudadanos. Acto seguido se requiere ilustrar a las diversas audiencias sobre el propósito de la propuesta, el proceso y la tarea que falta: debatir en forma ordenada la tarea y el producto. Es importante acoger sugerencias que mejoren el producto. A continuación proceden el impulso de la propuesta de Constitución como modificación formal de la existente, mediante el proceso de referendo, con el alcance comunicativo necesario para protegerla de las audaces fauces de los actuales legisladores.

Todo esto requiere recursos. Como la propuesta pone en jaque al statu quo, no se puede esperar que gobierno o Congreso la apoyen. El esfuerzo de personas de diversas disciplinas pertinentes para la dirección del proceso y de expertos en procesos y estructuras debe ser ad honorem, y el de empresarios al apoyar el proceso con recursos, sobre todo para la tarea de comunicación masiva, debe buscar el beneficio general. Todo el país debe participar en la tarea. El costo sería ínfimo si se logra construir Estado eficaz.