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Hacerlo bien o no hacerlo

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En época de balances de gestión del Gobierno Santos, muchos analistas resaltan, que uno de los grandes logros en el sector salud fue la implementación del control directo de precios de medicamentos que, según cifras del propio Gobierno, ha generado ahorros por más de $4 billones al sistema. La metodología fijada por norma en 2013 se basa en la comparación internacional de precios, de tal manera que los medicamentos en Colombia no cuesten más que lo que cuestan en una canasta predeterminada de 17 países.

Toda norma que regula los precios de un mercado se ocupa de determinar cuáles productos deben someterse a la regulación estatal, cuál debe ser su precio y el momento en que empiezan a regir los nuevos precios determinados. Tres componentes esenciales que conforman un todo orgánico, para que la regulación funcione de manera armónica, predecible y eficaz. No es posible trabajar sobre una de estas tres dimensiones, y dejar las otras por fuera. El qué, el cómo y el cuándo de la regulación no pueden verse como piezas aisladas, pues de aplicarse un componente y no los otros, todo el edificio regulatorio se derrumba y se pierde la confianza en el Gobierno en la aplicación de sus propias normas.

El tercero de los componentes mencionados (el cuándo) es muy claro. Dice el artículo 27 de la Circular 03 del 2013, expedida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos: “Los precios máximos de venta que se establezcan con arreglo a la metodología de la presente circular, serán publicados en el mes de octubre de cada año y comenzarán a regir a partir del primero de enero del año siguiente”. No parece prestarse su texto para mayores ambigüedades: los nuevos precios se publican en octubre de cada año, y entran a regir el primero de enero del año siguiente. Más clara la regla, imposible.

Sin embargo, esta Comisión está a punto de expedir una nueva lista de precios de medicamentos, sin consideración alguna por esta disposición. Es como si no existiera para ellos esta norma, por ellos mismos concebida y expedida.
La industria farmacéutica innovadora agrupada en Afidro presentará al nuevo gobierno una propuesta de política farmacéutica que supone la existencia de un control de precios a los medicamentos, y plantea medidas para fortalecerla, hacerla más técnica y sistemática. Pero ni esa propuesta, ni ninguna otra, tendrá sentido si los agentes que la implementan empiezan a tener una actitud selectiva frente a las normas que le ponen orden, como si fuera optativo escoger algunas reglas y desestimar las que incomodan.

Ahora que Colombia fue finalmente admitida a la Ocde, sería lamentable que el Gobierno haga caso omiso a uno de los principios básicos: cumplimiento de las normas regulatorias preestablecidas, en tiempos claramente fijados.
Esperemos que el Gobierno saliente aplique en sus últimas semanas las buenas practicas de la Ocde, y que el entrante aplique con todo rigor las normas preestablecidas o, si las va a modificar, lo haga con la debida antelación y publicidad.

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