Analistas 06/10/2020

Junta Nacional Agropecuaria

En los últimos años el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, ha planteado la necesidad de que en Colombia se cree una “Junta Nacional Agropecuaria, atada a una política de Estado para el campo y que ayude a que los programas se sostengan en el tiempo. Es como la junta del Banco de la República, pero a nivel agropecuario”.

Para fortuna, no ha tenido gran acogida ante el gobierno, el congreso, los medios de comunicación, la academia y que yo conozca, tampoco en la junta directiva de la SAC.

El caso del banco es muy diferente; la constitución de 1991 lo creó independiente, precisamente para garantizar una economía sana, que no obedezca a los intereses de ningún sector; por el contrario, por su independencia garantiza a todos los colombianos el buen manejo de la moneda, los cambios internacionales y el crédito, absolutamente transversales para todos los agentes económicos.

¡Muy osada propuesta! Tratar de parcelar el manejo de los subsectores de la economía, que quedarían con el derecho a reclamar su propia junta independiente, tratando de imponer de esta manera sus intereses a toda la economía, y dejarían a los gobiernos sin como ejecutar una política pública y, a los consumidores, como víctimas.

La Andi con más modestia ha pedido un ministerio para la industria; desde 1913, cuando el senador Rafael Uribe logró aprobar la creación del ministerio, fue un impulsor del sector cuando era el predominante en la economía, y 80 % de la población vivía en el campo.

Sin embargo, en los últimos 50 años se ha convertido en un obstáculo al progreso de la agricultura, capturado por los gremios para defender sus intereses e impedir que el mercado y la competencia transmitan a la agricultura conceptos de eficiencia, competitividad y modernidad. Por su parte, los ministros de turno han encontrado en este respaldo la fuerza para impedir las reformas, a costa del bolsillo del consumidor, que finalmente acaban pagando la comida más cara.

La propuesta es una crítica al Ministerio de Agricultura, y además va en contra del Comité Nacional de Cafeteros, que sería el primero en desaparecer al existir la Junta Nacional Agropecuaria. El cafetero ha sido el único gremio con el privilegio de contar en su órgano de dirección con cuatro miembros del gabinete ministerial, con la capacidad de diseñar y aprobar una política pública concertada.

La razón de crear la Federación surgió en la necesidad de atender el tejido social cafetero, que en el siglo pasado fue pilar de la democracia, gracias a la atención prestada a los campesinos de todas las regiones, que se vincularon a la sociedad a través de su pertenencia a la Federación y a la respuesta que ésta les dio a las necesidades de la familia cafetera, que fue un ejemplo de como el propio gremio asumió la función del estado.

Por lo tanto, el sentido de esta iniciativa va en contra de los privilegios del gremio y de su facultad de aprobar y ejecutar instrumentos de política cafetera. Además, en los últimos años la Federación y el Gobierno Nacional han entregado al Congreso, -de manera inexplicable- parte de las facultades del Comité Nacional de Cafeteros, por ejemplo, crear nuevamente un fondo de estabilización.